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La cárcel de Melilla es un infierno donde las sustancias prohibidas vuelan como balas, amenazando con desgarrar a los internos y al personal. Este es el panorama que presenta Acaip en su último comunicado, una organización sindical que denuncia la inacción del Estado ante este problema de seguridad cuya gravedad se está volviendo cada vez mayor.
El nuevo incidente ocurrido el pasado 14 de enero ha sido un recordatorio brutal de la situación peligrosa que se vive en el centro penitenciario. Un interno, bajo los efectos de "pastillas voladoras", protagonizó un episodio violento que dejó varios funcionarios heridos y uno de ellos necesitó atención médica urgente.
Pero este no es un incidente aislado. La realidad es que estos episodios se están volviendo cada vez más frecuentes, gracias al acceso masivo de sustancias y objetos prohibidos lanzados desde el exterior del centro. Acaip critica con dureza la impunidad con la que se continúan estas prácticas, sin que se adopten medidas concretas para frenarlas.
La omisión de la administración es palpable en este sentido. Las reformas previstas en el centro penitenciario no incluyen inversiones destinadas a solucionar este problema, lo que deja a los funcionarios desprotegidos y sin herramientas suficientes para garantizar la seguridad y la estabilidad dentro del centro.
Acaip alerta de que esta pasividad institucional podría tener consecuencias fatales. "El día que tengamos una muerte por sobredosis o intoxicación, nos rasgaremos las vestiduras y buscaremos culpables", denuncian.
Este problema no es nuevo. Acaip ha advertido públicamente de este peligro desde mayo de 2025, pero su voz se está volviendo cada vez más desentendida por la administración. Pero hoy, con otro incidente grave, vuelven a insistir en la necesidad de actuar.
La respuesta es clara: se necesita una acción concreta y urgente para solucionar este problema de seguridad. La instalación de redes o mallas antiproyección, la mejora de la videovigilancia, refuerzo de patrullas exteriores y una mayor coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado son solo algunas de las medidas que deben ser adoptadas para frenar estos lanzamientos.
Y es que el problema no es solo la seguridad, sino también la salud y la convivencia interna. Los funcionarios están expuestos a riesgos crecientes en un entorno en el que se sienten desprotegidos y sin herramientas suficientes para garantizar su seguridad y estabilidad.
La hora es de la acción. La administración debe ponerse a trabajar en serio para intentar solucionar este grave problema de seguridad, que crea conflictividad y problemas adicionales innecesarios y aumenta considerablemente la posibilidad de muerte por sobredosis.
El nuevo incidente ocurrido el pasado 14 de enero ha sido un recordatorio brutal de la situación peligrosa que se vive en el centro penitenciario. Un interno, bajo los efectos de "pastillas voladoras", protagonizó un episodio violento que dejó varios funcionarios heridos y uno de ellos necesitó atención médica urgente.
Pero este no es un incidente aislado. La realidad es que estos episodios se están volviendo cada vez más frecuentes, gracias al acceso masivo de sustancias y objetos prohibidos lanzados desde el exterior del centro. Acaip critica con dureza la impunidad con la que se continúan estas prácticas, sin que se adopten medidas concretas para frenarlas.
La omisión de la administración es palpable en este sentido. Las reformas previstas en el centro penitenciario no incluyen inversiones destinadas a solucionar este problema, lo que deja a los funcionarios desprotegidos y sin herramientas suficientes para garantizar la seguridad y la estabilidad dentro del centro.
Acaip alerta de que esta pasividad institucional podría tener consecuencias fatales. "El día que tengamos una muerte por sobredosis o intoxicación, nos rasgaremos las vestiduras y buscaremos culpables", denuncian.
Este problema no es nuevo. Acaip ha advertido públicamente de este peligro desde mayo de 2025, pero su voz se está volviendo cada vez más desentendida por la administración. Pero hoy, con otro incidente grave, vuelven a insistir en la necesidad de actuar.
La respuesta es clara: se necesita una acción concreta y urgente para solucionar este problema de seguridad. La instalación de redes o mallas antiproyección, la mejora de la videovigilancia, refuerzo de patrullas exteriores y una mayor coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado son solo algunas de las medidas que deben ser adoptadas para frenar estos lanzamientos.
Y es que el problema no es solo la seguridad, sino también la salud y la convivencia interna. Los funcionarios están expuestos a riesgos crecientes en un entorno en el que se sienten desprotegidos y sin herramientas suficientes para garantizar su seguridad y estabilidad.
La hora es de la acción. La administración debe ponerse a trabajar en serio para intentar solucionar este grave problema de seguridad, que crea conflictividad y problemas adicionales innecesarios y aumenta considerablemente la posibilidad de muerte por sobredosis.