PensamientoLatino
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Los abusos en la universidad: una crisis de impunidad y oportunidades para el cambio.
La universidad española se ha convertido en escenario de numerosos casos de abusos laborales y sexuales que han sido apenas sancionados, lo que genera una sensación de impunidad y desconfianza entre las familias y la sociedad en general. La persistencia de estos fenómenos es un problema grave que afecta la integridad institucional y el bienestar de quienes se encuentran dentro del sistema académico.
El coste reputacional inmediato para los rectorados es un factor clave en la falta de transparencia y en la impunidad. Los procedimientos diseñados para "gestionar el problema" más que resolverlo, priorizan la calma interna sobre la reparación. La larga duración de los protocolos, el elevado estándar probatorio y la falta de transparencia responden a incentivos institucionales claros.
La endogamia en las universidades también es un factor que contribuye al problema. La formación y contratación de profesores dentro del mismo sistema genera una dependencia de favores entre los superiores jerárquicos, lo que limita la independencia necesaria para supervisar, evaluar o sancionar comportamientos abusivos.
El papel de las personas encargadas de investigar denuncias es crucial en estos casos. Cuando se encuentran en posiciones jerárquicas más altas, tienen muchos incentivos a proteger la reputación institucional, lo que impide una gestión imparcial.
La raíz de la impunidad son profundas y requieren cambios estructurales para alterar los incentivos y la composición del profesorado. Una reforma que ha sido discutida durante décadas es la adopción de la norma según la cual los doctores deben buscar su primera plaza en otra universidad distinta a aquella donde se doctoraron. Esta práctica mejora la calidad del profesorado al motivar contrataciones basadas en la calidad académica y no en vínculos personales.
Otras reformas necesarias son unidades de integridad y comisiones de investigación independientes, protocolos con plazos máximos que impidan procesos indefinidamente prolongados, transparencia agregada obligatoria sobre el número de denuncias, tiempos de resolución y sanciones, preservando el anonimato, formación obligatoria y periódica de los responsables académicos en gestión de conflictos, prevención del acoso y riesgos psicosociales.
La universidad es institución clave para la movilidad social y la producción de conocimiento. Reconocer los fallos estructurales y reformarlos no es un gesto contra la universidad, sino una forma de fortalecerla. La confianza social depende de ello.
La universidad española se ha convertido en escenario de numerosos casos de abusos laborales y sexuales que han sido apenas sancionados, lo que genera una sensación de impunidad y desconfianza entre las familias y la sociedad en general. La persistencia de estos fenómenos es un problema grave que afecta la integridad institucional y el bienestar de quienes se encuentran dentro del sistema académico.
El coste reputacional inmediato para los rectorados es un factor clave en la falta de transparencia y en la impunidad. Los procedimientos diseñados para "gestionar el problema" más que resolverlo, priorizan la calma interna sobre la reparación. La larga duración de los protocolos, el elevado estándar probatorio y la falta de transparencia responden a incentivos institucionales claros.
La endogamia en las universidades también es un factor que contribuye al problema. La formación y contratación de profesores dentro del mismo sistema genera una dependencia de favores entre los superiores jerárquicos, lo que limita la independencia necesaria para supervisar, evaluar o sancionar comportamientos abusivos.
El papel de las personas encargadas de investigar denuncias es crucial en estos casos. Cuando se encuentran en posiciones jerárquicas más altas, tienen muchos incentivos a proteger la reputación institucional, lo que impide una gestión imparcial.
La raíz de la impunidad son profundas y requieren cambios estructurales para alterar los incentivos y la composición del profesorado. Una reforma que ha sido discutida durante décadas es la adopción de la norma según la cual los doctores deben buscar su primera plaza en otra universidad distinta a aquella donde se doctoraron. Esta práctica mejora la calidad del profesorado al motivar contrataciones basadas en la calidad académica y no en vínculos personales.
Otras reformas necesarias son unidades de integridad y comisiones de investigación independientes, protocolos con plazos máximos que impidan procesos indefinidamente prolongados, transparencia agregada obligatoria sobre el número de denuncias, tiempos de resolución y sanciones, preservando el anonimato, formación obligatoria y periódica de los responsables académicos en gestión de conflictos, prevención del acoso y riesgos psicosociales.
La universidad es institución clave para la movilidad social y la producción de conocimiento. Reconocer los fallos estructurales y reformarlos no es un gesto contra la universidad, sino una forma de fortalecerla. La confianza social depende de ello.