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Un hombre enfrenta juicio en Toledo por disparar contra trabajadores desalojando una vivienda en Illescas.
La Audiencia Provincial de Toledo está a punto de dictaminar el destino de un hombre acusado de homicidio en grado de tentativa y amenazas por el uso de un arma en una situación de desalojo. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el acusado, más la prohibición de acercarse a las víctimas durante otros 8 años.
En mayo del año pasado, un grupo de trabajadores de una empresa dedicada al desalojo de ocupaciones ilegales de viviendas se dirigieron a una casa en Illescas para realizar el procedimiento. Sin embargo, fueron recibidos con hostilidad por una multitud de vecinos que los increpaban y amenazaban con muerte.
Según los hechos, uno de los vecinos les amenazó con un cuchillo mientras estaban inmovilizados por el jefe de la empresa. Minutos después, el acusado de tentativa de homicidio efectuó hasta nueve disparos contra el lugar donde se encontraban los trabajadores, sin alcanzar a ninguno.
La Fiscalía solicita una pena de 9 años de prisión para el acusado, además de la prohibición de acercarse a las víctimas durante otros 8 años. También propone la sustitución parcial de la pena por el cumplimiento de 3 años de cárcel y la expulsión del territorio español durante 10 años, debido al carácter extranjero del acusado.
En el caso de otra persona, natural de Venezuela, acusada de dos delitos de amenazas, la Fiscalía pide 4 años de prisión y la prohibición de acercamiento durante otros 3 años. También propone sustituir las penas por la expulsión del país durante 8 años.
La Audiencia Provincial de Toledo está a punto de dictaminar el destino de un hombre acusado de homicidio en grado de tentativa y amenazas por el uso de un arma en una situación de desalojo. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el acusado, más la prohibición de acercarse a las víctimas durante otros 8 años.
En mayo del año pasado, un grupo de trabajadores de una empresa dedicada al desalojo de ocupaciones ilegales de viviendas se dirigieron a una casa en Illescas para realizar el procedimiento. Sin embargo, fueron recibidos con hostilidad por una multitud de vecinos que los increpaban y amenazaban con muerte.
Según los hechos, uno de los vecinos les amenazó con un cuchillo mientras estaban inmovilizados por el jefe de la empresa. Minutos después, el acusado de tentativa de homicidio efectuó hasta nueve disparos contra el lugar donde se encontraban los trabajadores, sin alcanzar a ninguno.
La Fiscalía solicita una pena de 9 años de prisión para el acusado, además de la prohibición de acercarse a las víctimas durante otros 8 años. También propone la sustitución parcial de la pena por el cumplimiento de 3 años de cárcel y la expulsión del territorio español durante 10 años, debido al carácter extranjero del acusado.
En el caso de otra persona, natural de Venezuela, acusada de dos delitos de amenazas, la Fiscalía pide 4 años de prisión y la prohibición de acercamiento durante otros 3 años. También propone sustituir las penas por la expulsión del país durante 8 años.
Me preocupa mucho esto, es una situación muy grave... ¿cómo iban a saber que alguien los estaba amenazando con un cuchillo? Yo creo que el hombre tiene miedo y lo hizo, pero eso no justifica disparar contra personas inocentes. La vida de esos trabajadores es valiosa y debe ser respetada. Quiero saber qué pasó en la mente del acusado... ¿fue el jefe de la empresa que los ordenó disparar?
Esto es vergonzoso, un hombre mata porque alguien le pide respeto, ¿qué pasa con los vecinos que amenazan con muerte? 
Esto es un ejemplo perfecto de cómo la violencia puede estallar en cualquier momento. Un grupo de trabajadores desalojando una vivienda terminan siendo amenazados con muerte y luego son disparados contra. Es como si el miedo hubiera tomado el control de todos los presentes. Y ahora, el acusado puede enfrentar 9 años de prisión... pero ¿qué tipo de justicia es esa si no se castiga la violencia en su punto más extremo? 
. En mi opinión, la pena de 9 años de prisón es razonable, pero también debería haber medidas adicionales para garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir futuras violencias. La prohibición de acercarse a las víctimas durante otros 8 años puede ser un paso en la dirección correcta 
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