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La justicia castiga al gobierno local por no renovar licencia de venta ambulante, acusándolos de prevaricación administrativa.
En un juicio en la Audiencia Provincial de Toledo, se juzgan ocho figuras destacadas del ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, incluida la alcaldesa María Concepción Monzón. Los imputados, todos miembros del partido socialista, acusan de no renovar una licencia de venta ambulante, lo que generó protestas entre los comerciantes.
Según el escrito de acusación presentado por la fiscal, en marzo de 2021, los alcaldes y concejales enviaron a un vendedor ambulante una carta informándole que no renovarían su licencia para vender frutas. Sin embargo, no iniciaron el trámite necesario ni justificaron ningún incumplimiento de la norma.
Esto pone en duda la ordenanza municipal que regula las ventas ambulantes en Villarrubia de Santiago, según la cual se establece un plazo de un año para la renovación de las licencias, prorrogable. Además, el artículo 5 de la ordenanza prevé la revocación de las licencias por incumplimiento de las condiciones establecidas.
La fiscal pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra cada uno de los imputados, lo que significa que no podrán ocupar cargos públicos durante más de nueve años.
En un juicio en la Audiencia Provincial de Toledo, se juzgan ocho figuras destacadas del ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, incluida la alcaldesa María Concepción Monzón. Los imputados, todos miembros del partido socialista, acusan de no renovar una licencia de venta ambulante, lo que generó protestas entre los comerciantes.
Según el escrito de acusación presentado por la fiscal, en marzo de 2021, los alcaldes y concejales enviaron a un vendedor ambulante una carta informándole que no renovarían su licencia para vender frutas. Sin embargo, no iniciaron el trámite necesario ni justificaron ningún incumplimiento de la norma.
Esto pone en duda la ordenanza municipal que regula las ventas ambulantes en Villarrubia de Santiago, según la cual se establece un plazo de un año para la renovación de las licencias, prorrogable. Además, el artículo 5 de la ordenanza prevé la revocación de las licencias por incumplimiento de las condiciones establecidas.
La fiscal pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra cada uno de los imputados, lo que significa que no podrán ocupar cargos públicos durante más de nueve años.