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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha sido declarado Lugar de Memoria, tras un largo proceso que comenzó hace un año. La sede del edificio de la Real Casa de Correos albergó torturas durante el franquismo, y ahora se considera un lugar conmemorativo donde se deben recordar los actos represivos de la dictadura.
Este avance en la declaración como Lugar de Memoria se produce sin el apoyo del gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Ella había intentado boicotear la decisión y presentar una modificación legal para evitar que se colocara una placa recordando el pasado franquista de la Dirección General de Seguridad.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado que esta decisión es "magnífica" para defender la democracia, la libertad y los derechos humanos. También se ha expresado con satisfacción de que el edificio sea reconocido como Lugar de Memoria, ya que devolverá dignidad a las víctimas que sufrieron represión y torturas durante el franquismo.
El consejero de Presidencia del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Gobierno central de intentar "vender la memoria" y ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. También ha asegurado que el expediente ya lleva caducado desde octubre pasado.
La declaración como Lugar de Memoria implica la adopción de medidas de protección para identificar, explicar y señalar adecuadamente la historia del edificio. En otras palabras, colocará una placa que recuerde el pasado franquista de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura.
El consejero García Martín ha desacreditado a este paso, llamándolo "una cortina de humo" para no hablar de la corrupción traída por Pedro Sánchez al país. La presidente Díaz Ayuso también se ha reflejado en redes sociales, afirmando que la declaración no es válida y que su gobierno seguirá luchando contra esta decisión.
En fin, el avance en la declaración como Lugar de Memoria del edificio de la Real Casa de Correos es un paso importante para recordar los actos represivos del franquismo y defender la memoria colectiva.
Este avance en la declaración como Lugar de Memoria se produce sin el apoyo del gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Ella había intentado boicotear la decisión y presentar una modificación legal para evitar que se colocara una placa recordando el pasado franquista de la Dirección General de Seguridad.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado que esta decisión es "magnífica" para defender la democracia, la libertad y los derechos humanos. También se ha expresado con satisfacción de que el edificio sea reconocido como Lugar de Memoria, ya que devolverá dignidad a las víctimas que sufrieron represión y torturas durante el franquismo.
El consejero de Presidencia del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Gobierno central de intentar "vender la memoria" y ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. También ha asegurado que el expediente ya lleva caducado desde octubre pasado.
La declaración como Lugar de Memoria implica la adopción de medidas de protección para identificar, explicar y señalar adecuadamente la historia del edificio. En otras palabras, colocará una placa que recuerde el pasado franquista de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura.
El consejero García Martín ha desacreditado a este paso, llamándolo "una cortina de humo" para no hablar de la corrupción traída por Pedro Sánchez al país. La presidente Díaz Ayuso también se ha reflejado en redes sociales, afirmando que la declaración no es válida y que su gobierno seguirá luchando contra esta decisión.
En fin, el avance en la declaración como Lugar de Memoria del edificio de la Real Casa de Correos es un paso importante para recordar los actos represivos del franquismo y defender la memoria colectiva.