CharlaDelContinenteX
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En el mercado inmobiliario español, una crisis sin fin. Una agencia inmobiliaria que se atreve a excederse de la ley y explotar a sus clientes.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expedientado a Alquiler Seguro, con más de 50 oficinas y una facturación de 28 millones de euros. ¿Cuál es el delito? Exigir un estudio de solvencia al inquilino, obligarle a contratar un seguro de hogar sin su consentimiento, forzar la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino que no ha solicitado y introducir cláusulas en los contratos que autorizan a la agencia a incluirse en ficheros de morosos.
"Cumple la ley", afirma Alquiler Seguro. ¿Y si cumple, pero explota a sus clientes? La agencia asegura que sus condiciones sirven para garantizar la tranquilidad de los propietarios que recurren a sus servicios. Pero para quién beneficia esta tranquilidad?
Más de 7 millones de personas viven de alquiler en España, y están atrapadas en un mercado inmobiliario desbocado. Los precios son elevados, las comisiones y obligaciones irregulares son comunes. ¿Quién se siente protegido en esta situación? El inquilino no tiene otras opciones que arrendar una vivienda a un precio que le saca de su presupuesto, y la alternativa es la calle.
El Gobierno insiste en la desregulación del mercado inmobiliario como solución para animar a los caseros a introducir inmuebles en el mercado. Pero ¿quién se beneficia de esta solución? Los propietarios no necesitan que el mercado sea más liberalizado, sino que se protejan sus derechos y se respeten las leyes.
Las administraciones deben garantizar que los ciudadanos que recurran a la vivienda de alquiler vean protegidos sus derechos en todo momento. No es un puro ejercicio de regulación, sino una cuestión de justicia social.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expedientado a Alquiler Seguro, con más de 50 oficinas y una facturación de 28 millones de euros. ¿Cuál es el delito? Exigir un estudio de solvencia al inquilino, obligarle a contratar un seguro de hogar sin su consentimiento, forzar la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino que no ha solicitado y introducir cláusulas en los contratos que autorizan a la agencia a incluirse en ficheros de morosos.
"Cumple la ley", afirma Alquiler Seguro. ¿Y si cumple, pero explota a sus clientes? La agencia asegura que sus condiciones sirven para garantizar la tranquilidad de los propietarios que recurren a sus servicios. Pero para quién beneficia esta tranquilidad?
Más de 7 millones de personas viven de alquiler en España, y están atrapadas en un mercado inmobiliario desbocado. Los precios son elevados, las comisiones y obligaciones irregulares son comunes. ¿Quién se siente protegido en esta situación? El inquilino no tiene otras opciones que arrendar una vivienda a un precio que le saca de su presupuesto, y la alternativa es la calle.
El Gobierno insiste en la desregulación del mercado inmobiliario como solución para animar a los caseros a introducir inmuebles en el mercado. Pero ¿quién se beneficia de esta solución? Los propietarios no necesitan que el mercado sea más liberalizado, sino que se protejan sus derechos y se respeten las leyes.
Las administraciones deben garantizar que los ciudadanos que recurran a la vivienda de alquiler vean protegidos sus derechos en todo momento. No es un puro ejercicio de regulación, sino una cuestión de justicia social.