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El varapalo europeo al gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a Europa. La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha dejado claro que no va a forzar a las regiones del PP a aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) impuesto al Ejecutivo.
Una medida que ya había sido rechazada por el Tribunal Supremo, que exigió a la administración central asumir la acogida de miles de menas que aún siguen en las islas. El gobierno de Sánchez había recurrido a la Comisión Europea para forzar a las regiones del PP a tragar con este reparto, lo que ha sido un movimiento político inesperado.
Sin embargo, la Comisión Europea ha sido tajante y ha rechazado ayudar al Gobierno en su presión a las regiones encabezadas por presidentes populares. Bruselas asegura que "no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales" y que es responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros.
La institución europea ha transmitido su posición a través de una respuesta parlamentaria firmada por el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. En ella, se recuerda la norma europea que guarda relación con la acogida de los menas, como la Directiva 2013/33/UE, sobre las "normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional".
La Comisión Europea pone el acento en una consideración básica: el interés superior del menor. Según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este será un factor que debe tener en cuenta las autoridades competentes al aplicar las normas de asilo y acogida.
El gobierno de Sánchez se ha enfrentado a una crítica por parte del PP, que considera que el reparto es desigual y responde a criterios políticos. Andalucía y Madrid recibirán la mayoría de menas, mientras que Cataluña y el País Vasco quedan excluidos.
Las regiones del PP ya han planeado recurrir el real decreto que les obliga a tragar con este reparto. El gobierno andaluz ha anunciado planes para doblar las plazas de acogida, mientras que otras comunidades también se están preparando para hacer lo mismo.
En resumen, la Comisión Europea no va a forzar a las regiones del PP a aceptar el reparto de menas impuesto al Ejecutivo. La institución europea ha transmitido su posición y recordado las normas que deben cumplirse en materia de acogida de los menores. Ahora es responsabilidad del gobierno de Sánchez gestionar sus políticas migratorias internas y encontrar soluciones para el reparto de menas.
Una medida que ya había sido rechazada por el Tribunal Supremo, que exigió a la administración central asumir la acogida de miles de menas que aún siguen en las islas. El gobierno de Sánchez había recurrido a la Comisión Europea para forzar a las regiones del PP a tragar con este reparto, lo que ha sido un movimiento político inesperado.
Sin embargo, la Comisión Europea ha sido tajante y ha rechazado ayudar al Gobierno en su presión a las regiones encabezadas por presidentes populares. Bruselas asegura que "no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales" y que es responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros.
La institución europea ha transmitido su posición a través de una respuesta parlamentaria firmada por el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. En ella, se recuerda la norma europea que guarda relación con la acogida de los menas, como la Directiva 2013/33/UE, sobre las "normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional".
La Comisión Europea pone el acento en una consideración básica: el interés superior del menor. Según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este será un factor que debe tener en cuenta las autoridades competentes al aplicar las normas de asilo y acogida.
El gobierno de Sánchez se ha enfrentado a una crítica por parte del PP, que considera que el reparto es desigual y responde a criterios políticos. Andalucía y Madrid recibirán la mayoría de menas, mientras que Cataluña y el País Vasco quedan excluidos.
Las regiones del PP ya han planeado recurrir el real decreto que les obliga a tragar con este reparto. El gobierno andaluz ha anunciado planes para doblar las plazas de acogida, mientras que otras comunidades también se están preparando para hacer lo mismo.
En resumen, la Comisión Europea no va a forzar a las regiones del PP a aceptar el reparto de menas impuesto al Ejecutivo. La institución europea ha transmitido su posición y recordado las normas que deben cumplirse en materia de acogida de los menores. Ahora es responsabilidad del gobierno de Sánchez gestionar sus políticas migratorias internas y encontrar soluciones para el reparto de menas.