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"El recuerdo falseado: tres años de una ley desmemoriada"
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, cumple tres años desde su entrada en vigor. Sin embargo, la verdad sobre su creación es aún más interesante que la narrativa oficial. Según fuentes confiables, el partido socialista (PSOE) se vio obligado a ceder ante las presiones del partido nacionalista vasco Bildu, quien exigía que se estableciera un 31 de diciembre de 1983 como nueva frontera temporal entre la dictadura y la democracia. Esta fecha, más de un año después de la victoria electoral de Felipe González, fue el momento en que se produjo una humillación proetarra a los demócratas.
La consecuencia de esta negociación ha sido el blanqueo de los años de plomo de la banda criminal ETA. Los asesinos justificaban sus matanzas argumentando que la democracia española era un subterfugio del franquismo para perpetuarse, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si la ley de Sánchez se está utilizando como excusa para tratar de arañar ventajas políticas sobre la espalda de la convivencia política y social.
La ley, según sus defensores, busca promover el recuerdo del pasado y preservarlo. Sin embargo, muchos cuestionan si esta narrativa es genuina o si se está utilizando para justificar una agenda política más amplia. La ley también ha sido criticada por reducir un pasado de extraordinaria complejidad a un cuento simplón y maniqueísta, cancelando parte de lo que sucedió y imponiendo el recuerdo de lo que nunca sucedió.
La ley de Sánchez se ha centrado en la búsqueda y exhumación de restos, la nulidad de las sentencias y el acceso a los archivos. Sin embargo, el propio gobierno ha demostrado una indiferencia escalofriante en la materia. Aunque se han exhumado 5.600 restos entre 2020 y 2024, el número de restos identificados es desconocido. Además, no hay noticias del censo de fondos documentales sobre la Guerra Civil y la dictadura prometido para el primer año de vigencia de la ley.
La situación es aún peor cuando se considera la digitalización de documentos y el acceso a los libros de actas de defunciones de los registros civiles. La ley ha sido criticada por ser un proyecto liberticida que busca deslegitimar la alternancia democrática y persecutar al pensamiento libre.
En resumen, la Ley de Memoria Democrática es una ley que se ha convertido en un recuerdo falseado del pasado. Mientras que su propósito inicial era promover el recuerdo del pasado, ahora parece que se está utilizando para justificar una agenda política más amplia y deslegitimar la alternancia democrática.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, cumple tres años desde su entrada en vigor. Sin embargo, la verdad sobre su creación es aún más interesante que la narrativa oficial. Según fuentes confiables, el partido socialista (PSOE) se vio obligado a ceder ante las presiones del partido nacionalista vasco Bildu, quien exigía que se estableciera un 31 de diciembre de 1983 como nueva frontera temporal entre la dictadura y la democracia. Esta fecha, más de un año después de la victoria electoral de Felipe González, fue el momento en que se produjo una humillación proetarra a los demócratas.
La consecuencia de esta negociación ha sido el blanqueo de los años de plomo de la banda criminal ETA. Los asesinos justificaban sus matanzas argumentando que la democracia española era un subterfugio del franquismo para perpetuarse, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si la ley de Sánchez se está utilizando como excusa para tratar de arañar ventajas políticas sobre la espalda de la convivencia política y social.
La ley, según sus defensores, busca promover el recuerdo del pasado y preservarlo. Sin embargo, muchos cuestionan si esta narrativa es genuina o si se está utilizando para justificar una agenda política más amplia. La ley también ha sido criticada por reducir un pasado de extraordinaria complejidad a un cuento simplón y maniqueísta, cancelando parte de lo que sucedió y imponiendo el recuerdo de lo que nunca sucedió.
La ley de Sánchez se ha centrado en la búsqueda y exhumación de restos, la nulidad de las sentencias y el acceso a los archivos. Sin embargo, el propio gobierno ha demostrado una indiferencia escalofriante en la materia. Aunque se han exhumado 5.600 restos entre 2020 y 2024, el número de restos identificados es desconocido. Además, no hay noticias del censo de fondos documentales sobre la Guerra Civil y la dictadura prometido para el primer año de vigencia de la ley.
La situación es aún peor cuando se considera la digitalización de documentos y el acceso a los libros de actas de defunciones de los registros civiles. La ley ha sido criticada por ser un proyecto liberticida que busca deslegitimar la alternancia democrática y persecutar al pensamiento libre.
En resumen, la Ley de Memoria Democrática es una ley que se ha convertido en un recuerdo falseado del pasado. Mientras que su propósito inicial era promover el recuerdo del pasado, ahora parece que se está utilizando para justificar una agenda política más amplia y deslegitimar la alternancia democrática.