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El conflicto judicial abierta por Santa Bárbara Sistemas contra Indra y Escribano en torno a los programas de armamento ha activado alarmas tanto en el Ministerio de Defensa como en todo el ecosistema industrial. La filial americana General Dynamics presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de frenar la concesión de financiación pública, lo que podría afectar a varios programas de armamento.
La Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Indra y Escribano, se vio obligado a defender su capacidad para desarrollar estos programas, argumentando que Santa Bárbara no tiene la capacidad necesaria. Este conflicto se encuentra en el centro del escenario judicial, donde el Alto Tribunal podría emitir un pronunciamiento favorable a los intereses de Santa Bárbara, lo que podría tener consecuencias importantes en todo el sistema industrial.
El Ministerio de Defensa y la OTAN están preocupados por el desarrollo y ejecución de estos programas industriales clave para cumplir con las demandas de la Alianza Atlántica. La falta de compromiso del gobierno español en este aspecto podría dejar a España fuera del círculo de países que alcanzan el 2% del PIB en gasto militar, lo que se vuelve cada vez más improbable según fuentes cercanas al Ejecutivo.
La situación también se complicó con la operación de integración de Indra con Escribano Mechanical & Engineering, cuyo conflicto de interés ha echado leña al fuego. El presidente de Indra, Ángel Escribano, es propietario al 50% de la empresa familiar y cuenta con el apoyo de Amber Capital, un fondo propiedad del empresario Joseph Oughourlian.
La tensión en torno a este escenario judicial se ha acumulado, y ahora solo queda esperar el pronunciamiento del Supremo.
La Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Indra y Escribano, se vio obligado a defender su capacidad para desarrollar estos programas, argumentando que Santa Bárbara no tiene la capacidad necesaria. Este conflicto se encuentra en el centro del escenario judicial, donde el Alto Tribunal podría emitir un pronunciamiento favorable a los intereses de Santa Bárbara, lo que podría tener consecuencias importantes en todo el sistema industrial.
El Ministerio de Defensa y la OTAN están preocupados por el desarrollo y ejecución de estos programas industriales clave para cumplir con las demandas de la Alianza Atlántica. La falta de compromiso del gobierno español en este aspecto podría dejar a España fuera del círculo de países que alcanzan el 2% del PIB en gasto militar, lo que se vuelve cada vez más improbable según fuentes cercanas al Ejecutivo.
La situación también se complicó con la operación de integración de Indra con Escribano Mechanical & Engineering, cuyo conflicto de interés ha echado leña al fuego. El presidente de Indra, Ángel Escribano, es propietario al 50% de la empresa familiar y cuenta con el apoyo de Amber Capital, un fondo propiedad del empresario Joseph Oughourlian.
La tensión en torno a este escenario judicial se ha acumulado, y ahora solo queda esperar el pronunciamiento del Supremo.