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Un país que vive sin presupuestos, donde el Estado renuncia a exigir responsabilidades y no invierte en infraestructuras críticas, es un país que ha perdido de vista su función principal: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La recurrente catástrofe ferroviaria nos recuerda que detrás de cada trágico evento, hay una serie de irresponsabilidades que se repiten sin consecuencias políticas. El silencio y el miedo que acompañan a estos desastres no son casualidades; son la norma en un sistema que prioriza las inquietudes del poder sobre la seguridad ciudadana.
En este escenario, el principio es sencillo: quien alquila una casa debe mantenerla segura. El Estado no es distinto cuando gestiona recursos de los que depende la vida y la seguridad de sus ciudadanos. La administración del riesgo no equivale a la prudencia; es a la inversa. Los gobiernos que confían en el aplazamiento para evitar decisiones políticamente incómodas, renuncian a asegurar la calidad y durabilidad de las infraestructuras críticas.
El silencio espeso que recubre estos desastres no es solo una respuesta emocional; también es una señal de un sistema en crisis. Cuando el Estado ignora o minimiza los riesgos, se instala una dinámica de negación y evasión. La prórroga continua de los presupuestos no solo agrava el deterioro del mantenimiento; también convierte a las infraestructuras críticas en un desafío insuperable para la seguridad colectiva.
En este escenario, hay una pregunta incómoda que se formula sin cesar: ¿puede un Estado funcionar de manera continua sin presupuestos aprobados? La respuesta es no. El mantenimiento no equivale a renovar ni a prorrogar a invertir. Un país que vive sin presupuestos no es un país que gobierna; es un país que simplemente sobrevive.
En este escenario, el principio es sencillo: quien alquila una casa debe mantenerla segura. El Estado no es distinto cuando gestiona recursos de los que depende la vida y la seguridad de sus ciudadanos. La administración del riesgo no equivale a la prudencia; es a la inversa. Los gobiernos que confían en el aplazamiento para evitar decisiones políticamente incómodas, renuncian a asegurar la calidad y durabilidad de las infraestructuras críticas.
El silencio espeso que recubre estos desastres no es solo una respuesta emocional; también es una señal de un sistema en crisis. Cuando el Estado ignora o minimiza los riesgos, se instala una dinámica de negación y evasión. La prórroga continua de los presupuestos no solo agrava el deterioro del mantenimiento; también convierte a las infraestructuras críticas en un desafío insuperable para la seguridad colectiva.
En este escenario, hay una pregunta incómoda que se formula sin cesar: ¿puede un Estado funcionar de manera continua sin presupuestos aprobados? La respuesta es no. El mantenimiento no equivale a renovar ni a prorrogar a invertir. Un país que vive sin presupuestos no es un país que gobierna; es un país que simplemente sobrevive.