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¿Se puede prohibir la compra de vivienda para especular? Lo puede hacer Cataluña. El gobierno catalán, encabezado por el presidente Salvador Illa, está estudiando una medida inédita: prohibir la compra de viviendas con fines especulativos.
El proyecto se basa en un informe jurídico elaborado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), una asociación sin ánimo de lucro impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) y diez instituciones más. El informe fue encargado concretamente por el AMB y ahora está siendo analizado por el Govern para determinar si puede aplicar esta medida.
Según Pablo Feu, experto en Derecho Administrativo y Urbanístico y profesor en la Universidad de Barcelona, que elaboró el informe, es legalmente viable limitar la compra de viviendas cuando estas no se destinen a residencia habitual de la persona compradora. La medida sería aplicable solo en las denominadas Zonas de Mercado Residencial Tensionado y tendría un carácter excepcional, territorial y temporal.
El informe justifica que se podría restringir la adquisición de inmuebles para uso especulativo ante "la situación excepcional de riesgo de pérdida del derecho al acceso a la vivienda" para la mayor parte de la población. La especulación conculca el espíritu del artículo 47 de la Constitución y contribuye a vaciar los centros urbanos y elevar los precios por encima de la capacidad adquisitiva de la población.
El estudio contempla diversas excepciones para "garantizar el equilibrio y la proporcionalidad de la medida". Por ejemplo, en el caso de la adquisición de edificios enteros, se permitiría la compra si todas las viviendas se destinan a alquiler habitual (con contratos de cinco o siete años, según la personalidad jurídica del propietario) y no a usos temporales ni turísticos.
En cuanto a las segundas residencias, la medida permitiría la compra de una segunda vivienda en un municipio diferente al habitual si estuviera en una zona tensionada, siempre que fuera para uso personal y no por alquiler o inversión.
Otra excepción tiene que ver con aquellos compradores que adquieran una vivienda destinada a algún familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Según el estudio, la medida se podría aplicar a nivel estatal a través de una ley específica o un decreto ley, pero serían las comunidades autónomas las que tendrían que desarrollar un marco legislativo al respecto.
En Cataluña, el corpus normativo ya recoge la obligación de garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio, conceptos bajo los cuales una iniciativa como esta podría tener suficiente cobertura legal. A nivel municipal, las leyes permiten en algunas comunidades adoptar medidas complementarias para proteger el derecho a la vivienda sin esperar a una legislación estatal.
Paises como Dinamarca, Croacia, Finlandia o Malta ya han implementado medidas similares, y ciudades como Ámsterdam también han adoptado políticas de control de especulación inmobiliaria.
El proyecto se basa en un informe jurídico elaborado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), una asociación sin ánimo de lucro impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) y diez instituciones más. El informe fue encargado concretamente por el AMB y ahora está siendo analizado por el Govern para determinar si puede aplicar esta medida.
Según Pablo Feu, experto en Derecho Administrativo y Urbanístico y profesor en la Universidad de Barcelona, que elaboró el informe, es legalmente viable limitar la compra de viviendas cuando estas no se destinen a residencia habitual de la persona compradora. La medida sería aplicable solo en las denominadas Zonas de Mercado Residencial Tensionado y tendría un carácter excepcional, territorial y temporal.
El informe justifica que se podría restringir la adquisición de inmuebles para uso especulativo ante "la situación excepcional de riesgo de pérdida del derecho al acceso a la vivienda" para la mayor parte de la población. La especulación conculca el espíritu del artículo 47 de la Constitución y contribuye a vaciar los centros urbanos y elevar los precios por encima de la capacidad adquisitiva de la población.
El estudio contempla diversas excepciones para "garantizar el equilibrio y la proporcionalidad de la medida". Por ejemplo, en el caso de la adquisición de edificios enteros, se permitiría la compra si todas las viviendas se destinan a alquiler habitual (con contratos de cinco o siete años, según la personalidad jurídica del propietario) y no a usos temporales ni turísticos.
En cuanto a las segundas residencias, la medida permitiría la compra de una segunda vivienda en un municipio diferente al habitual si estuviera en una zona tensionada, siempre que fuera para uso personal y no por alquiler o inversión.
Otra excepción tiene que ver con aquellos compradores que adquieran una vivienda destinada a algún familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Según el estudio, la medida se podría aplicar a nivel estatal a través de una ley específica o un decreto ley, pero serían las comunidades autónomas las que tendrían que desarrollar un marco legislativo al respecto.
En Cataluña, el corpus normativo ya recoge la obligación de garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio, conceptos bajo los cuales una iniciativa como esta podría tener suficiente cobertura legal. A nivel municipal, las leyes permiten en algunas comunidades adoptar medidas complementarias para proteger el derecho a la vivienda sin esperar a una legislación estatal.
Paises como Dinamarca, Croacia, Finlandia o Malta ya han implementado medidas similares, y ciudades como Ámsterdam también han adoptado políticas de control de especulación inmobiliaria.
. La idea de que Cataluña esté considerando prohibir la compra de viviendas con fines especulativos es algo que deberíamos apoyar, pero la realidad es que esto no va a cambiar mucho hasta que los precios de las casas y apartamentos se vuelvan razonables 
. La gente está cansada de pagar precios exorbitantes para vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona. Y si hablamos de personas que están haciendo esto con fines especulativos, es algo muy negativo, la vida en una casa es un derecho humano, no un negocio 
.
Me parece que es hora de hacer un cambio en la forma en que compramos y vendemos viviendas. La especulación es un problema grave que afecta a muchas personas y comunidades. Si Cataluña puede tomar medidas para prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, ¡eso sería genial! 
que están luchando por encontrar un lugar para vivir sin gastar toda la suya. La especulación inmobiliaria es un tema muy grave y hace que los precios aumenten demasiado rápido. Pero, ¿qué hay de las personas que ya tienen una segunda casa en otro lugar? 
No creo que se les permita venderla para comprar otra si no es por razones personales, como si fuera para sus nietos o algo similar. La idea es que se proteja a la gente común y que no se les quede sin oportunidad de comprar una casa. 
. La especulación inmobiliaria es un problema serio en muchos lugares y si podemos encontrar formas de evitarla, mejor para todos 
. Pero en general, estoy de acuerdo con la idea y creo que es hora de actuar contra la especulación inmobiliaria 
Me parece interesante que el gobierno catalán ya tenga un corpus normativo que recoge la obligación de garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio 