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Nicolas Sarkozy, el expresidente francés condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal en Libia, pasea malas noches en la cárcel de La Santé. Tras recibir amenazas de muerte transmitidas en directo por redes sociales, Sarkozy sigue con protección de sus guardaespaldas en su encierro.
El Tribunal de Apelación de París tiene dos meses para resolver la solicitud de liberación presentada tras su detención. El expresidente debería permanecer "un mínimo de tres semanas o un mes" en prisión, indicó el martes su abogado, Christophe Ingrain.
Para Sarkozy, dos policías armados se han instalado en una celda contigua y se turnan cada 12 horas para garantizar su seguridad. Esta presencia policial ha indignado a los guardias penitenciarios, quienes calificaron la medida de "un desatino en materia de seguridad".
"Introducir armas en un centro de detención, incluso con el pretexto de protección, es cruzar la línea roja", escribió Alexandre Caby, secretario general del sindicato penitenciario CGT. El caso Sarkozy ha generado una gran atención pública y ha sido objeto de varias encuestas que revelan que tres de cada cuatro franceses creen que es "justiciable como cualquier otro, que no debería ser tratado de forma diferente a otras personas condenadas".
Sin embargo, la manifestación de apoyo celebrada el martes por la mañana frente al domicilio del exjefe de Estado fue desaprobada por la mayoría de los franceses. La visita anunciada del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también es desaprobada por un 57%.
El Tribunal de Apelación de París tiene dos meses para resolver la solicitud de liberación presentada tras su detención. El expresidente debería permanecer "un mínimo de tres semanas o un mes" en prisión, indicó el martes su abogado, Christophe Ingrain.
Para Sarkozy, dos policías armados se han instalado en una celda contigua y se turnan cada 12 horas para garantizar su seguridad. Esta presencia policial ha indignado a los guardias penitenciarios, quienes calificaron la medida de "un desatino en materia de seguridad".
"Introducir armas en un centro de detención, incluso con el pretexto de protección, es cruzar la línea roja", escribió Alexandre Caby, secretario general del sindicato penitenciario CGT. El caso Sarkozy ha generado una gran atención pública y ha sido objeto de varias encuestas que revelan que tres de cada cuatro franceses creen que es "justiciable como cualquier otro, que no debería ser tratado de forma diferente a otras personas condenadas".
Sin embargo, la manifestación de apoyo celebrada el martes por la mañana frente al domicilio del exjefe de Estado fue desaprobada por la mayoría de los franceses. La visita anunciada del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también es desaprobada por un 57%.