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La financiación autonómica de Pedro Sánchez se ha convertido en un nuevo choque ideológico con el PP sobre el Estado del bienestar, cuestión que históricamente ha enfrentado a los territorios independientemente del signo político de sus gobiernos. El objetivo es introducir conceptos sólidos como la educación, la sanidad, el transporte y la dependencia en un marco que entiendan los ciudadanos.
El nuevo modelo propuesto no contenta a nadie, ni al PP ni a Junts ni a algunos socialistas, lo que hace improbable su aprobación en el Congreso. Sánchez se dispone a convertir la financiación autonómica en un debate ideológico con la derecha sobre quiénes y cómo financian los servicios esenciales o sobre dos modelos de gestión de los recursos públicos antagónicos.
El presidente ha encontrado una bandera que agitará sin descanso durante las próximas campañas electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Los socialistas dan por amortizada la ofensiva popular con un relato que dibuja a Sánchez sometido al independentismo para seguir en La Moncloa.
Los territorios gobernados por el PP se retratarán explicando su negativa a incrementar los recursos destinados a los servicios públicos esenciales con el argumento de que solo 5.000 millones irán destinados a Cataluña, mientras que otros 15.000 millones se distribuirán entre las otras autonomías. El Gobierno busca desarticular el frente común armado desde Génova para abrir fisuras entre sus barones.
El presidente Sánchez ha encontrado una oportunidad para reactivar al electorado progresista. El nuevo modelo de financiación es más solidario que el actual y obliga a posicionarse inexorablemente a favor o en contra de lo público, lo que puede atragantar a Feijóo en este primer semestre.
El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades. El nuevo modelo es más justo con todas las autonomías, mientras que el actual favorece especialmente a Cataluña.
El nuevo modelo propuesto no contenta a nadie, ni al PP ni a Junts ni a algunos socialistas, lo que hace improbable su aprobación en el Congreso. Sánchez se dispone a convertir la financiación autonómica en un debate ideológico con la derecha sobre quiénes y cómo financian los servicios esenciales o sobre dos modelos de gestión de los recursos públicos antagónicos.
El presidente ha encontrado una bandera que agitará sin descanso durante las próximas campañas electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Los socialistas dan por amortizada la ofensiva popular con un relato que dibuja a Sánchez sometido al independentismo para seguir en La Moncloa.
Los territorios gobernados por el PP se retratarán explicando su negativa a incrementar los recursos destinados a los servicios públicos esenciales con el argumento de que solo 5.000 millones irán destinados a Cataluña, mientras que otros 15.000 millones se distribuirán entre las otras autonomías. El Gobierno busca desarticular el frente común armado desde Génova para abrir fisuras entre sus barones.
El presidente Sánchez ha encontrado una oportunidad para reactivar al electorado progresista. El nuevo modelo de financiación es más solidario que el actual y obliga a posicionarse inexorablemente a favor o en contra de lo público, lo que puede atragantar a Feijóo en este primer semestre.
El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades. El nuevo modelo es más justo con todas las autonomías, mientras que el actual favorece especialmente a Cataluña.