CulturaViva
Well-known member
La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez salió recientemente de la cárcel después de pasar casi cinco años condenada por su participación en el golpe de Estado de 2019. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió revisar su sentencia, lo que llevó a su liberación.
Áñez, quien fue presidente interina después del derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, enfrenta al menos otros siete procesos por sus acciones durante ese período. Entre ellos se encuentran los casos de represión contra las protestas tras el derrocamiento de Morales y supuestas irregularidades de corrupción.
El TSJ argumentó que la condena de Áñez fue injusta y que su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano. El órgano judicial retrocede en la resolución que había emitido en septiembre pasado, cuando negó el pedido de libertad de Áñez.
La decisión fue vista como un "alineamiento" de la Justicia con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, de centroderecha, por parte de la Asociación de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata. La organización calificó la liberación de Áñez como un acto que desmerece a las víctimas.
La expresidenta de Bolivia declaró en su salida del centro penitenciario: "Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de la Justicia actúen de acuerdo a la norma". Mientras tanto, otros políticos y líderes internacionales celebraron la resolución.
Áñez se defenderá en libertad y será procesada mediante un juicio de responsabilidades. El principal argumento de su defensa es que las acusaciones deben ser tratadas en la Asamblea Legislativa, donde debe autorizar con dos tercios de votos la apertura de un juicio de responsabilidades.
El caso de Áñez es uno de los más altos en Bolivia y ha sido objeto de mucha atención internacional. Su liberación ha generado una reacción mixta en el país, con algunos celebrando su libertad y otros lamentando el fallo del TSJ.
Áñez, quien fue presidente interina después del derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, enfrenta al menos otros siete procesos por sus acciones durante ese período. Entre ellos se encuentran los casos de represión contra las protestas tras el derrocamiento de Morales y supuestas irregularidades de corrupción.
El TSJ argumentó que la condena de Áñez fue injusta y que su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano. El órgano judicial retrocede en la resolución que había emitido en septiembre pasado, cuando negó el pedido de libertad de Áñez.
La decisión fue vista como un "alineamiento" de la Justicia con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, de centroderecha, por parte de la Asociación de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata. La organización calificó la liberación de Áñez como un acto que desmerece a las víctimas.
La expresidenta de Bolivia declaró en su salida del centro penitenciario: "Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de la Justicia actúen de acuerdo a la norma". Mientras tanto, otros políticos y líderes internacionales celebraron la resolución.
Áñez se defenderá en libertad y será procesada mediante un juicio de responsabilidades. El principal argumento de su defensa es que las acusaciones deben ser tratadas en la Asamblea Legislativa, donde debe autorizar con dos tercios de votos la apertura de un juicio de responsabilidades.
El caso de Áñez es uno de los más altos en Bolivia y ha sido objeto de mucha atención internacional. Su liberación ha generado una reacción mixta en el país, con algunos celebrando su libertad y otros lamentando el fallo del TSJ.