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En Madrid, una ciudad donde la jubilación es una realidad para muchos, dos mujeres se unen en su lucha contra el desahucio. Pepi Santiago, 72 años, y Maricarmen Abascal, 87 años, son las nuevas caras del movimiento contra los desahucios en la capital española.
La historia de Pepi es conocida por muchos. Después de 12 intentos de desahucio, el año pasado se le comunicó que debía abandonar su hogar, un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en la zona de Usera. La familia Santiago, que había sido trasladada a una pensión de mala muerte después del desahucio inicial, fue finalmente asignada un piso mediante sorteo.
La situación es similar con Maricarmen. El pasado miércoles, un juzgado decidió aplazar el desahucio que se le había anunciado a la vecina de Retiro, quien ha vivido en su casa durante 87 años. La decisión fue bien recibida por muchos, quienes la ven como un símbolo de la lucha contra los desahucios.
Pero detrás de estas dos historias hay algo más: el patrón del mercado inmobiliario que explota a las familias. Ambas mujeres pagaban alquileres razonables, menos de 500 euros por mes. Sin embargo, la empresa inmobiliaria que les asignó sus casas, Renta Corporación Real Estate y Máximo Aguado Grupo Inmobiliario respectivamente, decidió triplicar el alquiler de un momento a otro.
El caso de Pepi ayudó a impulsar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La ley anterior permitía que los arrendadores extinguieran unilateralmente el contrato en todo momento. Ahora, el contrato se renueva automáticamente si ninguna de las partes pone objeciones durante cinco años.
El movimiento contra los desahucios sigue activo en Madrid. El Sindicato de Inquilinas, una organización que representa a muchos madrileños víctimas del mercado especulativo de la vivienda, ha llevado la lucha hasta el gobierno. Valeria Racu, portavoz del sindicato, destaca que no tiene sentido desalojar a alguien después de 70 años viviendo en una casa.
La situación es crítica. En los últimos años, se han producido más de 60.000 desahucios. El gobierno prometió realojar a las familias en viviendas públicas, pero no ha cumplido con sus compromisos.
Maricarmen y Pepi son un ejemplo de la resistencia popular frente a la turistificación de los centros de las ciudades. Su caso es un recordatorio de que la política de vivienda española sigue estando lejos del alcance real de las necesidades de las familias.
La historia de Pepi es conocida por muchos. Después de 12 intentos de desahucio, el año pasado se le comunicó que debía abandonar su hogar, un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en la zona de Usera. La familia Santiago, que había sido trasladada a una pensión de mala muerte después del desahucio inicial, fue finalmente asignada un piso mediante sorteo.
La situación es similar con Maricarmen. El pasado miércoles, un juzgado decidió aplazar el desahucio que se le había anunciado a la vecina de Retiro, quien ha vivido en su casa durante 87 años. La decisión fue bien recibida por muchos, quienes la ven como un símbolo de la lucha contra los desahucios.
Pero detrás de estas dos historias hay algo más: el patrón del mercado inmobiliario que explota a las familias. Ambas mujeres pagaban alquileres razonables, menos de 500 euros por mes. Sin embargo, la empresa inmobiliaria que les asignó sus casas, Renta Corporación Real Estate y Máximo Aguado Grupo Inmobiliario respectivamente, decidió triplicar el alquiler de un momento a otro.
El caso de Pepi ayudó a impulsar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La ley anterior permitía que los arrendadores extinguieran unilateralmente el contrato en todo momento. Ahora, el contrato se renueva automáticamente si ninguna de las partes pone objeciones durante cinco años.
El movimiento contra los desahucios sigue activo en Madrid. El Sindicato de Inquilinas, una organización que representa a muchos madrileños víctimas del mercado especulativo de la vivienda, ha llevado la lucha hasta el gobierno. Valeria Racu, portavoz del sindicato, destaca que no tiene sentido desalojar a alguien después de 70 años viviendo en una casa.
La situación es crítica. En los últimos años, se han producido más de 60.000 desahucios. El gobierno prometió realojar a las familias en viviendas públicas, pero no ha cumplido con sus compromisos.
Maricarmen y Pepi son un ejemplo de la resistencia popular frente a la turistificación de los centros de las ciudades. Su caso es un recordatorio de que la política de vivienda española sigue estando lejos del alcance real de las necesidades de las familias.
Lo que me saca de quicio es que estos casos siempre se suceden en gente anciana como Pepi y Maricarmen... ¿Por qué tienen que pasar por esto? ¡Son como si fueran un obstáculo para la empresa! 
Y eso que han pagado sus alquileres razonablemente, menos de 500 euros por mes. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid no tiene derechos sobre el contrato de arrendamiento. Debería ser más fácil para las personas, ¿no? 
, dos mujeres viviendo en el mismo país y enfrentando el mismo problema pero con historias diferentes... Pepi con 12 intentos de desahucio y Maricarmen que vive en su casa desde hace 87 años. Es como si fueran las caras del movimiento contra los desahucios en Madrid, pero es hora de que se unan para luchar por algo más 
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, explotando a las familias porque pagan alquileres razonables. El gobierno promete realojar a las familias en viviendas públicas pero no cumple con sus compromisos, es un desastre 
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Esto me llena de esperanza, ¿verdad? Dos mujeres mayores, con más de 70 años, que no se rinden ante el desahucio. Pepi y Maricarmen son un ejemplo perfecto de la resistencia popular en Madrid. Me alegra ver que su caso ha ayudado a impulsar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
La verdad es que estos dos casos me han sacudido los fundamentos 
. 72 y 87 años, y se les pone la puerta en el cara 
. Es como si fueran huérfanos del sistema 
. Me parece increíble que paguen solo 500 euros al mes y luego aumenten los precios a cien por ciento en un día 
. Es como si estuvieran viviendo en el aire 
. Y lo peor es que las empresas inmobiliarias se aprovechan de esto para ganar dinero, mientras que las personas se quedan sin hogar 
. Me da lástima pensar en las familias que viven en la penosa situación de desahucio 
. Y yo creo que esto es solo el comienzo, hay que seguir luchando para que las familias no pierdan su casa y puedan vivir en paz sin que sus alquileres aumenten como locos 
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. Hay gente como Valeria Racu y el Sindicato de Inquilinas que están luchando por los derechos de las personas. Es increíble ver cómo se está moviendo el movimiento contra los desahucios en Madrid 
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, permitiendo que las personas tengan más derechos y protección. Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Hay una crisis de vivienda grave en España y necesitamos ver soluciones concretas para abordarla. ¿Por qué los gobiernos españoles no pueden entender que la estabilidad y la seguridad para las familias son más importantes que el beneficio económico? Es hora de tomar medidas concretas para proteger a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables 
Esta historia de Pepi y Maricarmen me da ganas de gritar desde las azoteas... ¡Qué falta de escrúpulos hay en estas empresas inmobiliarias! Les pagan menos de 500 euros al mes y aún les triplican el alquiler sin motivo. Es como si se tratara de un juego, donde las familias son las piezas que se intercambian a conveniencia del dueño. La ley de arrendamientos urbanos ha sido una victoria para ellos, pero para quién? ¿Quién está trabajando en sus intereses? Me parece que hay algo más detrás de estas historias, algo que no nos han contado todavía...