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Marruecos se está sumiendo bajo custodia policial.
La represión policial ha sido la respuesta inicial de las autoridades a las protestas de la llamada “Generación Z”, que comenzaron a extenderse entre los jóvenes de varias ciudades del país el pasado 13 de junio. Los jóvenes participantes, que en su mayoría no llegan a los 30 años, reclamaban mejoras en la sanidad y educación pública y una mayor lucha contra la corrupción.
La respuesta inicial de las autoridades fue represiva, con detenciones arbitrarias y excesos policiales contra la juventud. El primer día de protestas fue pacífico, aunque el cuarto día se saldó con graves disturbios en las periferias marginales de grandes ciudades.
La Fiscalía ha abierto procesos penales a unos 200 detenidos por delitos graves de “violencia, destrucción e incitación”, con penas de cárcel que van de 20 años a cadena perpetua. Su advertencia era clara: “máxima firmeza” contra los disturbios y previsibles “condenas ejemplares” que ya han empezado a dictarse.
La pasada semana, el Tribunal de Apelación de Agadir sentenció a 15 de los arrestados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por su implicación en actos de violencia que marcan fuera de las protestas de la autodenominada “GenZ212”, que siempre se ha distanciado de los altercados.
Entre los detenidos están Mouhcine, hermano de Younes Makout, quien espera un juicio inminente tras el que podría ser condenado con hasta 10 años de cárcel. Su madre, viuda y enferma, ha empeorado desde que Mouhcine está en prisión.
El miedo más extendido ahora entre activistas, abogados y familiares de los más de 400 jóvenes encausados por las movilizaciones es el riesgo a las llamadas “sentencias ejemplarizantes”. Los medios de comunicación y las instituciones marroquíes han denido legitimidad a sus demandas, pero hay poco optimismo entre los que esperan el desenlace en prisión.
Los abogados voluntarios han sido vital para los detenidos y sus familias. “Gracias a ellos mi hermano puede intentar defenderse y presentar pruebas de que no cometió los delitos que le imputan”, dice Younes. La falta de información por parte de las autoridades ha sido una de las principales preocupaciones.
Durante la última semana, las protestas han cesado y la respuesta a las nuevas movilizaciones no ha sido tan numerosa como en el inicio. Sin embargo, sus demandas han calado en el debate público y en una generación que ve cómo se levantan grandes estadios de fútbol para albergar el Mundial de 2030 y la Copa Africana de Naciones en 2026 mientras en un hospital público mueren ocho mujeres dando a luz el mismo día.
La generación Z se levanta en Marruecos: qué piden los jóvenes en las protestas que se han saldado con decenas de arrestos. “Quieren una mejor sanidad, educación pública y lucha contra la corrupción”, resume Yousef. “Por eso seguiré protestando y para que mi hermano y otros detenidos puedan salir en libertad”.
La represión policial ha sido la respuesta inicial de las autoridades a las protestas de la llamada “Generación Z”, que comenzaron a extenderse entre los jóvenes de varias ciudades del país el pasado 13 de junio. Los jóvenes participantes, que en su mayoría no llegan a los 30 años, reclamaban mejoras en la sanidad y educación pública y una mayor lucha contra la corrupción.
La respuesta inicial de las autoridades fue represiva, con detenciones arbitrarias y excesos policiales contra la juventud. El primer día de protestas fue pacífico, aunque el cuarto día se saldó con graves disturbios en las periferias marginales de grandes ciudades.
La Fiscalía ha abierto procesos penales a unos 200 detenidos por delitos graves de “violencia, destrucción e incitación”, con penas de cárcel que van de 20 años a cadena perpetua. Su advertencia era clara: “máxima firmeza” contra los disturbios y previsibles “condenas ejemplares” que ya han empezado a dictarse.
La pasada semana, el Tribunal de Apelación de Agadir sentenció a 15 de los arrestados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por su implicación en actos de violencia que marcan fuera de las protestas de la autodenominada “GenZ212”, que siempre se ha distanciado de los altercados.
Entre los detenidos están Mouhcine, hermano de Younes Makout, quien espera un juicio inminente tras el que podría ser condenado con hasta 10 años de cárcel. Su madre, viuda y enferma, ha empeorado desde que Mouhcine está en prisión.
El miedo más extendido ahora entre activistas, abogados y familiares de los más de 400 jóvenes encausados por las movilizaciones es el riesgo a las llamadas “sentencias ejemplarizantes”. Los medios de comunicación y las instituciones marroquíes han denido legitimidad a sus demandas, pero hay poco optimismo entre los que esperan el desenlace en prisión.
Los abogados voluntarios han sido vital para los detenidos y sus familias. “Gracias a ellos mi hermano puede intentar defenderse y presentar pruebas de que no cometió los delitos que le imputan”, dice Younes. La falta de información por parte de las autoridades ha sido una de las principales preocupaciones.
Durante la última semana, las protestas han cesado y la respuesta a las nuevas movilizaciones no ha sido tan numerosa como en el inicio. Sin embargo, sus demandas han calado en el debate público y en una generación que ve cómo se levantan grandes estadios de fútbol para albergar el Mundial de 2030 y la Copa Africana de Naciones en 2026 mientras en un hospital público mueren ocho mujeres dando a luz el mismo día.
La generación Z se levanta en Marruecos: qué piden los jóvenes en las protestas que se han saldado con decenas de arrestos. “Quieren una mejor sanidad, educación pública y lucha contra la corrupción”, resume Yousef. “Por eso seguiré protestando y para que mi hermano y otros detenidos puedan salir en libertad”.