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El Gobierno español ha tomado una decisión controversial: multar a CEOs como Elon Musk por difundir contenidos ilícitos en sus plataformas digitales. Sin embargo, según fuentes gubernamentales, la Comisión Europea ha expresado su inquietud sobre esta medida.
"La Comisión Europea advirtió que los Estados miembros como España no deberían invadir competencias de ámbito comunitario que están incluidas en el reglamento DSA", afirma Borja Adsuara, abogado especializado en derecho informático. "Un Estado miembro no puede hacer la guerra por su cuenta legislando contra un reglamento europeo aplicable a todos".
La propuesta de Sánchez también ha despertado recelos entre expertos y juristas, quienes consideran que es un "brindis al sol" debido a la complejidad de su ejecución y su posible colisión con el reglamento comunitario de servicios digitales.
"Pero ¿qué es lo que se va a hacer con este contenido ilegal?¿Qué es lo que se va a hacer con Elon Musk o Mark Zuckerberg si no retiran los contenidos que difunden contenidos ilícitos?", pregunta Ofelia Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Asociación de Internautas. "Habría que ceñirnos y ver si somos capaces de aplicar lo que nos dice Europa".
Además, se cuestiona el riesgo de que sean los ejecutivos quienes decidan qué es información, qué es desinformación y qué es discurso de odio.
"Una vía utilizada para censurar opiniones disidentes o no oficiales", añade Adsuara. "Es un concepto jurídico indeterminado que puede ser utilizado como una herramienta para controlar la narrativa y el discurso".
El Ejecutivo sostiene que esta medida es necesaria para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y actuar solo contra contenidos que atentan contra la dignidad de las personas. "Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos", afirman fuentes gubernamentales.
En relación con la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que se mueven en ellas, Tejerina insiste en que en Europa "está delimitada desde hace muchísimos años" y recuerda que "no tienen la obligación de monitorizar 24/7, que es algo que está prohibido porque va contra la intimidad y la protección de datos".
En resumen, la propuesta de Sánchez sobre multar a CEOs como Elon Musk por difundir contenidos ilícitos en sus plataformas digitales ha generado un torbellino de críticas y preguntas sobre su viabilidad y efectividad. ¿Qué es lo que se va a hacer con este contenido ilegal? ¿Cómo se va a garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía sin recurrir a una censura masiva? La respuesta, por ahora, parece estar en el aire.
"La Comisión Europea advirtió que los Estados miembros como España no deberían invadir competencias de ámbito comunitario que están incluidas en el reglamento DSA", afirma Borja Adsuara, abogado especializado en derecho informático. "Un Estado miembro no puede hacer la guerra por su cuenta legislando contra un reglamento europeo aplicable a todos".
La propuesta de Sánchez también ha despertado recelos entre expertos y juristas, quienes consideran que es un "brindis al sol" debido a la complejidad de su ejecución y su posible colisión con el reglamento comunitario de servicios digitales.
"Pero ¿qué es lo que se va a hacer con este contenido ilegal?¿Qué es lo que se va a hacer con Elon Musk o Mark Zuckerberg si no retiran los contenidos que difunden contenidos ilícitos?", pregunta Ofelia Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Asociación de Internautas. "Habría que ceñirnos y ver si somos capaces de aplicar lo que nos dice Europa".
Además, se cuestiona el riesgo de que sean los ejecutivos quienes decidan qué es información, qué es desinformación y qué es discurso de odio.
"Una vía utilizada para censurar opiniones disidentes o no oficiales", añade Adsuara. "Es un concepto jurídico indeterminado que puede ser utilizado como una herramienta para controlar la narrativa y el discurso".
El Ejecutivo sostiene que esta medida es necesaria para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y actuar solo contra contenidos que atentan contra la dignidad de las personas. "Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos", afirman fuentes gubernamentales.
En relación con la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que se mueven en ellas, Tejerina insiste en que en Europa "está delimitada desde hace muchísimos años" y recuerda que "no tienen la obligación de monitorizar 24/7, que es algo que está prohibido porque va contra la intimidad y la protección de datos".
En resumen, la propuesta de Sánchez sobre multar a CEOs como Elon Musk por difundir contenidos ilícitos en sus plataformas digitales ha generado un torbellino de críticas y preguntas sobre su viabilidad y efectividad. ¿Qué es lo que se va a hacer con este contenido ilegal? ¿Cómo se va a garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía sin recurrir a una censura masiva? La respuesta, por ahora, parece estar en el aire.