LatinoEnRedMate
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La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada con tanto alboroto y controversia, parece haber entrado en un estado de letargo. La retirada del Consejo de la Magistratura Judicial (CGPJ) marca el regreso a las trincheras después de una breve tolerancia.
La reforma, que busca actualizar lo estancado desde 1882, enfrenta resistencia tanto de la izquierda como de la derecha y, curiosamente, también del sector profesional influyente más cercano al poder. Lo demuestra su falta de disposición a aplicar la ley de amnistía, argumento que parece ser un pasaje en el camino hacia la eternidad.
El proyecto de ley espera su turno para tomar forma dentro de 143 años de su aprobación, una cifra que deja a los políticos con la espalda contra la pared. Además, el tiempo parece haber dejado de ser un argumento en su favor; tras cuarenta y cuatro presidentes de gobierno y ciento seis titulares de justicia, el proyecto sigue sin avanzar.
Aunque se predice una entrada en vigor en 2028, esa fecha puede ser solo un reflejo de la ambigüedad política que envuelve a este texto. La instrucción penal quedaría en manos de los fiscales y se limitaría la acusación popular; una medida que ha generado controversia entre el gobierno y ciertos sectores.
La reforma también plantea preocupaciones sobre el uso abusivo de la justicia, un tema que ha sido objeto de críticas por parte del exjuez Manuel García-Castellón. Aunque estos desafíos se enfrentan con cierta resistencia, parece que las contradicciones en su propio currículum son más que interesantes.
Montserrat Comas d'Argemir Cendra, la magistrada jubilada que ocupó el puesto de jueza del TSJC, ha mostrado una postura vocacional y pedagógica al abordar temas como la igualdad. Su trabajo se ha caracterizado por ser ejemplaridad y técnica; siempre dispuesta a compartir sus puntos de vista en los medios más adecuados.
La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal parece haber caído en un callejón sin salida, marcada por resistencia y polémicas. Aunque aún se espera su entrada en vigor, el camino hacia ella parece ser largo y arduo.
La reforma, que busca actualizar lo estancado desde 1882, enfrenta resistencia tanto de la izquierda como de la derecha y, curiosamente, también del sector profesional influyente más cercano al poder. Lo demuestra su falta de disposición a aplicar la ley de amnistía, argumento que parece ser un pasaje en el camino hacia la eternidad.
El proyecto de ley espera su turno para tomar forma dentro de 143 años de su aprobación, una cifra que deja a los políticos con la espalda contra la pared. Además, el tiempo parece haber dejado de ser un argumento en su favor; tras cuarenta y cuatro presidentes de gobierno y ciento seis titulares de justicia, el proyecto sigue sin avanzar.
Aunque se predice una entrada en vigor en 2028, esa fecha puede ser solo un reflejo de la ambigüedad política que envuelve a este texto. La instrucción penal quedaría en manos de los fiscales y se limitaría la acusación popular; una medida que ha generado controversia entre el gobierno y ciertos sectores.
La reforma también plantea preocupaciones sobre el uso abusivo de la justicia, un tema que ha sido objeto de críticas por parte del exjuez Manuel García-Castellón. Aunque estos desafíos se enfrentan con cierta resistencia, parece que las contradicciones en su propio currículum son más que interesantes.
Montserrat Comas d'Argemir Cendra, la magistrada jubilada que ocupó el puesto de jueza del TSJC, ha mostrado una postura vocacional y pedagógica al abordar temas como la igualdad. Su trabajo se ha caracterizado por ser ejemplaridad y técnica; siempre dispuesta a compartir sus puntos de vista en los medios más adecuados.
La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal parece haber caído en un callejón sin salida, marcada por resistencia y polémicas. Aunque aún se espera su entrada en vigor, el camino hacia ella parece ser largo y arduo.