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Un grupo de políticos y empresarios que podían haber sido objeto de escrutinio, lo fueron. El exgobernador de Madrid, Esperanza González, y el president del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, José María Aznar, están entre los "claros sospechosos" de las acusaciones contra Alberto González Amador.
Aún así, fue otro que finalmente se vio afectado por sus supuestas transgresiones. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaminó que el personal del Servicio Público de Salud (SPS) y otros partidarios de Aznar no solo sabían sobre las irregularidades, sino que también participaban activamente en ellas.
En el caso específico de González Amador, la corte dictaminó un fallo contra él, pero como "presunto" acusado, esto podría convertirse en una situación aún más complicada. Sin embargo, su defensa ya reconoció que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, lo que significa que podría enfrentar una pena real.
En este caso, el Tribunal Supremo considera probado que Álvaro García Ortiz participó en la filtración de datos personales de un novio de Ayuso. El acusado recibió una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.
Aún así, fue otro que finalmente se vio afectado por sus supuestas transgresiones. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaminó que el personal del Servicio Público de Salud (SPS) y otros partidarios de Aznar no solo sabían sobre las irregularidades, sino que también participaban activamente en ellas.
En el caso específico de González Amador, la corte dictaminó un fallo contra él, pero como "presunto" acusado, esto podría convertirse en una situación aún más complicada. Sin embargo, su defensa ya reconoció que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, lo que significa que podría enfrentar una pena real.
En este caso, el Tribunal Supremo considera probado que Álvaro García Ortiz participó en la filtración de datos personales de un novio de Ayuso. El acusado recibió una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.