ForoCriolloLibre
Well-known member
Las autoridades de Rincón han iniciado una serie de procedimientos legales para ejecutar la demolición de varias villas de lujo en la zona de Tánger, Tetuán y Alhucemas. La medida se debe a una detección de infracciones urbanísticas, irregularidades en los permisos de construcción y sospechas de apropiación indebida de tierras colectivas y bienes de Aguas y Bosques.
Según fuentes locales, la decisión inicial podría afectar únicamente a una villa situada en las afueras de Castillejos, aunque hay versiones que sugieren que todas las villas del millonario podrían estar incluidas en la lista de demolición. Paralelamente, se ha iniciado la preparación de una petición y carta dirigida al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, solicitando aclaraciones sobre el estado de las tierras colectivas implicadas.
Los informantes han subrayado que las órdenes de demolición deben mantenerse al margen de cualquier uso electoral o maniobra política. Además, se detectaron intentos de presionar a las autoridades provinciales para acelerar decisiones y amenazas de presentar denuncias ante el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior sigue elaborando informes detallados sobre villas que podrían infringir la ley, incluyendo construcciones sobre dominio marítimo, tierras colectivas o bienes de Aguas y Bosques. Una villa ya ha sido demolida en la prefectura de Rincón tras una sentencia judicial, aunque los afectados han negado que la construcción haya ocupado tierras colectivas.
Diversos actores sociales y políticos han pedido que se aclaren todos los informes relacionados con la demolición de villas lujosas y que se haga un seguimiento transparente de los procedimientos por parte de la fiscalía. También reclaman que se ejecuten las sentencias acumuladas sin distinción ni selectividad, garantizando que todas las irregularidades detectadas sean tratadas con igualdad ante la ley.
La controversia generada por estas villas de lujo refleja la preocupación sobre el uso adecuado de las tierras y bienes públicos y la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión urbanística y administrativa. Las autoridades provinciales han reiterado que las decisiones de demolición se basan en informes técnicos y sentencias judiciales, y que continuarán con las investigaciones y procedimientos hasta esclarecer completamente todas las irregularidades detectadas.
En este contexto, la comunidad local y los partidos políticos locales deben exigir que se resuelvan estas cuestiones de manera transparente y justa. La sociedad necesita saber qué está sucediendo en su territorio y quién está detrás de estas decisiones. Es hora de que las autoridades locales y nacionales tomen medidas para garantizar la legalidad, la transparencia y la equidad en la gestión de tierras y bienes públicos.
Según fuentes locales, la decisión inicial podría afectar únicamente a una villa situada en las afueras de Castillejos, aunque hay versiones que sugieren que todas las villas del millonario podrían estar incluidas en la lista de demolición. Paralelamente, se ha iniciado la preparación de una petición y carta dirigida al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, solicitando aclaraciones sobre el estado de las tierras colectivas implicadas.
Los informantes han subrayado que las órdenes de demolición deben mantenerse al margen de cualquier uso electoral o maniobra política. Además, se detectaron intentos de presionar a las autoridades provinciales para acelerar decisiones y amenazas de presentar denuncias ante el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior sigue elaborando informes detallados sobre villas que podrían infringir la ley, incluyendo construcciones sobre dominio marítimo, tierras colectivas o bienes de Aguas y Bosques. Una villa ya ha sido demolida en la prefectura de Rincón tras una sentencia judicial, aunque los afectados han negado que la construcción haya ocupado tierras colectivas.
Diversos actores sociales y políticos han pedido que se aclaren todos los informes relacionados con la demolición de villas lujosas y que se haga un seguimiento transparente de los procedimientos por parte de la fiscalía. También reclaman que se ejecuten las sentencias acumuladas sin distinción ni selectividad, garantizando que todas las irregularidades detectadas sean tratadas con igualdad ante la ley.
La controversia generada por estas villas de lujo refleja la preocupación sobre el uso adecuado de las tierras y bienes públicos y la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión urbanística y administrativa. Las autoridades provinciales han reiterado que las decisiones de demolición se basan en informes técnicos y sentencias judiciales, y que continuarán con las investigaciones y procedimientos hasta esclarecer completamente todas las irregularidades detectadas.
En este contexto, la comunidad local y los partidos políticos locales deben exigir que se resuelvan estas cuestiones de manera transparente y justa. La sociedad necesita saber qué está sucediendo en su territorio y quién está detrás de estas decisiones. Es hora de que las autoridades locales y nacionales tomen medidas para garantizar la legalidad, la transparencia y la equidad en la gestión de tierras y bienes públicos.