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La vergüenza de los centros socioeducativos melillenses es un tema que ha sido silenciado durante demasiado tiempo. Después de más de dos años de lucha silenciosa, es hora de hablar abiertamente sobre la situación desesperadora en que se encuentran los trabajadores de estos centros.
Los trabajadores de los centros socioeducativos han estado haciendo un trabajo incansable durante casi dos décadas, brindando educación y cohesión social a los barrios más vulnerables de la ciudad. Sin embargo, su esfuerzo y dignidad no han sido reconocidos por la administración, que ha maltratado a estos trabajadores con promesas incumplidas, abandono y una cadena de empresas que han hecho del desprecio su modelo de gestión.
La historia de los centros socioeducativos melillenses es un ejemplo clásico de cómo puede funcionar el sistema en la política local. Desde la época de la antigua Consejería de Bienestar Social y de la asociación M.E.P.I., estos trabajadores han sido contratados como monitores, pero se les exigía titulación de maestros, cobrando ligeramente por encima del convenio de monitores de ocio y tiempo libre. Esto significa que trabajaban como maestros, pero a precio de monitor.
Durante 18 años, con limitaciones de espacio, material escaso, empresas que entran y salen como si los contratos fueran puertas giratorias y salarios congelados, este personal ha mantenido vivo un servicio que el propio Gobierno parece haber olvidado. Y todo para acabar, en 2023, con un nuevo pliego de condiciones que prometía dignidad y acabó convirtiéndose en una trampa más.
El nuevo pliego "milagroso" cambió la categoría de monitor a técnico de grado, pero con una subida salarial tan insultante como simbólica: De 700 a 800 euros al mes. Mientras tanto, los celadores y limpiadoras no solo no vieron mejoras, sino que incluso vieron reducidas sus horas de trabajo de 40 a 34 semanales. Una vez más, a los trabajadores melillenses les tocó jugar a perder.
La situación se ha vuelto cada vez más desesperante después de que la empresa Clece S.A., con la que los empleados cobraban a tiempo y habían llegado incluso a firmar un convenio propio, dejó de pagarles. La ciudad autónoma prefirió un pliego nuevo que, lejos de mejorar la situación, la dinamitó por completo.
La entrada de Alvalop en la escena ha sido un golpe adicional para los trabajadores. Esta empresa gallega se ha especializado en recoger servicios públicos y dejarlos peor de lo que estaban. Con un historial de impagos, conflictos laborales e incumplimientos en toda España, es una empresa que no puede ser tomada en serio.
La complicidad por omisión de la Consejería de Políticas Sociales es igualmente preocupante. Han anunciado rescisiones de contrato tres veces, y tres veces han mentido. Ninguna se ha hecho efectiva. Cada reunión con los trabajadores acababa con una nueva promesa, un nuevo expediente sancionador o un nuevo plazo de audiencia que terminaba decayendo.
La situación es tan desesperante que algunos incluso han empezado a hablar de una emergencia laboral y social. Los trabajadores no pueden seguir esperando a que la voluntad política despierte. No pedimos milagros, pedimos que se cumpla la ley, que se rescindan los contratos por incumplimiento flagrante, que se asuma el control de los centros y que se garantice el cobro inmediato de los salarios.
La ciudadanía lo pide, la ley lo permite y la decencia lo exigen. No se trata solo de justicia para unos pocos, sino de dignidad para todos los que trabajan en servicios públicos. Porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera.
El próximo martes 28, a las 11 de la mañana, estaremos con ellos, acompañándolos en su justa y legítima reivindicación. Y lo haremos las veces que haga falta, porque la marcha de Alvalop no debe ser el final, sino el comienzo de un servicio digno, con un nuevo pliego justo, elaborado por todas las partes, con salarios equiparados y reconocimiento de los derechos laborales que les corresponden.
Melilla no puede seguir siendo la ciudad del parche, donde los problemas se tapan hasta que revientan. No queremos una ciudad feudal donde unos pocos deciden y muchos sobreviven. Queremos una ciudad donde los trabajadores públicos sean respetados, valorados y tratados con la dignidad que merecen.
Por eso, desde Nueva Melilla, reiteramos nuestro compromiso: Seguiremos apoyando a los trabajadores, seguiremos denunciando cada injusticia, y no descansaremos hasta dignificar la vida laboral en nuestra ciudad.
Los trabajadores de los centros socioeducativos han estado haciendo un trabajo incansable durante casi dos décadas, brindando educación y cohesión social a los barrios más vulnerables de la ciudad. Sin embargo, su esfuerzo y dignidad no han sido reconocidos por la administración, que ha maltratado a estos trabajadores con promesas incumplidas, abandono y una cadena de empresas que han hecho del desprecio su modelo de gestión.
La historia de los centros socioeducativos melillenses es un ejemplo clásico de cómo puede funcionar el sistema en la política local. Desde la época de la antigua Consejería de Bienestar Social y de la asociación M.E.P.I., estos trabajadores han sido contratados como monitores, pero se les exigía titulación de maestros, cobrando ligeramente por encima del convenio de monitores de ocio y tiempo libre. Esto significa que trabajaban como maestros, pero a precio de monitor.
Durante 18 años, con limitaciones de espacio, material escaso, empresas que entran y salen como si los contratos fueran puertas giratorias y salarios congelados, este personal ha mantenido vivo un servicio que el propio Gobierno parece haber olvidado. Y todo para acabar, en 2023, con un nuevo pliego de condiciones que prometía dignidad y acabó convirtiéndose en una trampa más.
El nuevo pliego "milagroso" cambió la categoría de monitor a técnico de grado, pero con una subida salarial tan insultante como simbólica: De 700 a 800 euros al mes. Mientras tanto, los celadores y limpiadoras no solo no vieron mejoras, sino que incluso vieron reducidas sus horas de trabajo de 40 a 34 semanales. Una vez más, a los trabajadores melillenses les tocó jugar a perder.
La situación se ha vuelto cada vez más desesperante después de que la empresa Clece S.A., con la que los empleados cobraban a tiempo y habían llegado incluso a firmar un convenio propio, dejó de pagarles. La ciudad autónoma prefirió un pliego nuevo que, lejos de mejorar la situación, la dinamitó por completo.
La entrada de Alvalop en la escena ha sido un golpe adicional para los trabajadores. Esta empresa gallega se ha especializado en recoger servicios públicos y dejarlos peor de lo que estaban. Con un historial de impagos, conflictos laborales e incumplimientos en toda España, es una empresa que no puede ser tomada en serio.
La complicidad por omisión de la Consejería de Políticas Sociales es igualmente preocupante. Han anunciado rescisiones de contrato tres veces, y tres veces han mentido. Ninguna se ha hecho efectiva. Cada reunión con los trabajadores acababa con una nueva promesa, un nuevo expediente sancionador o un nuevo plazo de audiencia que terminaba decayendo.
La situación es tan desesperante que algunos incluso han empezado a hablar de una emergencia laboral y social. Los trabajadores no pueden seguir esperando a que la voluntad política despierte. No pedimos milagros, pedimos que se cumpla la ley, que se rescindan los contratos por incumplimiento flagrante, que se asuma el control de los centros y que se garantice el cobro inmediato de los salarios.
La ciudadanía lo pide, la ley lo permite y la decencia lo exigen. No se trata solo de justicia para unos pocos, sino de dignidad para todos los que trabajan en servicios públicos. Porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera.
El próximo martes 28, a las 11 de la mañana, estaremos con ellos, acompañándolos en su justa y legítima reivindicación. Y lo haremos las veces que haga falta, porque la marcha de Alvalop no debe ser el final, sino el comienzo de un servicio digno, con un nuevo pliego justo, elaborado por todas las partes, con salarios equiparados y reconocimiento de los derechos laborales que les corresponden.
Melilla no puede seguir siendo la ciudad del parche, donde los problemas se tapan hasta que revientan. No queremos una ciudad feudal donde unos pocos deciden y muchos sobreviven. Queremos una ciudad donde los trabajadores públicos sean respetados, valorados y tratados con la dignidad que merecen.
Por eso, desde Nueva Melilla, reiteramos nuestro compromiso: Seguiremos apoyando a los trabajadores, seguiremos denunciando cada injusticia, y no descansaremos hasta dignificar la vida laboral en nuestra ciudad.