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Una anciana de 72 años ha recuperado casi dos mil euros después de que un banco madrileño le obligara a devolver el dinero tras una suplantación identitaria sin contacto previo. Según la sentencia, la transferencia no fue autorizada y el banco no actuó con la diligencia exigible.
El caso es un ejemplo de cómo estos ataques están aumentando en España, ya que se basan en accesos indebidos a credenciales filtradas o técnicas de automatización que pueden emular la identidad digital de un usuario. Las operaciones no autorizadas sin contacto previo están experimentando un notable crecimiento y avanzan sin que el cliente cometa ningún error.
La sentencia recuerda que, conforme a la normativa europea de servicios de pago, el banco debe reembolsar el dinero si no puede acreditar que la operación fue autorizada o que la víctima actuó con negligencia grave. Esta resolución contiene un mensaje contundente para el sector financiero: no basta con sistemas de doble factor si los delincuentes pueden operar mediante accesos automatizados o vulnerabilidades externas.
Patricia Belisario, asesora de Asoban Abogados, explica que la sentencia "refuerza el principio esencial de la normativa de servicios de pago". La víctima no interactuó con los delincuentes en ningún momento y no autorizó la operación fraudulenta. El banco debía haber aplicado medidas efectivas de seguridad, como el bloqueo de la operación que es la medida antifraude por excelencia.
La asesora destaca que la edad de la afectada conlleva un deber reforzado de diligencia por parte de la banca. La supervisión reforzada no es una recomendación, sino una obligación legal. Cuando el usuario actúa con diligencia desde el primer momento y con buena fe, la ley le ampara.
El incremento de los fraudes silenciosos está obligando a las entidades a revisar sus protocolos internos. Algunos bancos han comenzado a introducir sistemas de monitorización basados en inteligencia artificial para predecir comportamientos atípicos, aunque los expertos consideran que la implantación aún es desigual.
En paralelo, los analistas financieros advierten que la proliferación de estos fraudes genera costes operativos significativos para las entidades. La confianza del consumidor es un activo esencial para el sistema y la transparencia en la devolución de fondos no autorizados será crucial para mantenerla.
El caso es un ejemplo de cómo estos ataques están aumentando en España, ya que se basan en accesos indebidos a credenciales filtradas o técnicas de automatización que pueden emular la identidad digital de un usuario. Las operaciones no autorizadas sin contacto previo están experimentando un notable crecimiento y avanzan sin que el cliente cometa ningún error.
La sentencia recuerda que, conforme a la normativa europea de servicios de pago, el banco debe reembolsar el dinero si no puede acreditar que la operación fue autorizada o que la víctima actuó con negligencia grave. Esta resolución contiene un mensaje contundente para el sector financiero: no basta con sistemas de doble factor si los delincuentes pueden operar mediante accesos automatizados o vulnerabilidades externas.
Patricia Belisario, asesora de Asoban Abogados, explica que la sentencia "refuerza el principio esencial de la normativa de servicios de pago". La víctima no interactuó con los delincuentes en ningún momento y no autorizó la operación fraudulenta. El banco debía haber aplicado medidas efectivas de seguridad, como el bloqueo de la operación que es la medida antifraude por excelencia.
La asesora destaca que la edad de la afectada conlleva un deber reforzado de diligencia por parte de la banca. La supervisión reforzada no es una recomendación, sino una obligación legal. Cuando el usuario actúa con diligencia desde el primer momento y con buena fe, la ley le ampara.
El incremento de los fraudes silenciosos está obligando a las entidades a revisar sus protocolos internos. Algunos bancos han comenzado a introducir sistemas de monitorización basados en inteligencia artificial para predecir comportamientos atípicos, aunque los expertos consideran que la implantación aún es desigual.
En paralelo, los analistas financieros advierten que la proliferación de estos fraudes genera costes operativos significativos para las entidades. La confianza del consumidor es un activo esencial para el sistema y la transparencia en la devolución de fondos no autorizados será crucial para mantenerla.