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La Fiscalía suspende su investigación sobre filtración de correos del novio de Ayuso. La fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz Gaite, explicó ante el Tribunal Supremo que el caso pasó a los tribunales rápidamente y que no hubo tiempo para realizar una investigación interna.
Sanz Gaite dijo que recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y que se abrió un expediente gubernativo el 19 del mismo mes. A poco más tiempo, otra denuncia llegó desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), lo que dio lugar a otro expediente, pero ambos fueron posteriormente unificados.
La fiscal indicó que la Inspección tuvo conocimiento de que la Fiscalía de Madrid había iniciado otro procedimiento y que poco después el Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para investigar los hechos. En ese momento, dictó un decreto para declarar en suspenso el expediente interno.
"Hubo tiempo de hacer nada", dijo Sanz Gaite, al referirse a la falta de tiempo que tuvo su departamento para realizar una investigación interna. Cuando empezaban a instruir, ya se estaba abriendo la investigación penal.
Además, la fiscal explicó que no hubo comunicación pública alguna sobre el asunto más allá de informar a Manos Limpias y al ICAM de que el expediente quedaba suspendido.
La Inspección también había recibido una solicitud para cambiar el teléfono móvil de Sanz Gaite después del registro del despacho de un fiscal por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, la fiscal negó haber cambiado de dispositivo y explicó que solo cambió el número asociado a su cuenta de WhatsApp porque tenía un viaje privado al extranjero.
El fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General, Agustín Hidalgo de Morillo, también testificó en el juicio. Explicó que los "incidentes de seguridad" y las "violaciones de seguridad" no son lo mismo y que una nota informativa que contenía los correos que el abogado de la pareja de Ayuso se intercambió con la Fiscalía no incurrió en violación de seguridad.
El juez Martínez Arrieta intervino para aclarar si él actúa de oficio, a lo que Hidalgo de Morillo contestó positivamente. También explicó que si el afectado, Alberto González Amador, se hubiera dirigido a él, le habría dado una respuesta.
En relación con la utilización de un correo electrónico privado para cuestiones profesionales, Hidalgo de Morillo dijo que no es "recomendable" pero que no está prohibido. También explicó que no se notificaron al fiscales que se les borró su cuenta de Gmail en la que recibieron los correos del abogado de Ayuso.
Además, el fiscal destacó que los fiscales tienen la "facultad" de destruir los datos de sus dispositivos electrónicos para "prevenir el tratamiento ilícito".
Sanz Gaite dijo que recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y que se abrió un expediente gubernativo el 19 del mismo mes. A poco más tiempo, otra denuncia llegó desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), lo que dio lugar a otro expediente, pero ambos fueron posteriormente unificados.
La fiscal indicó que la Inspección tuvo conocimiento de que la Fiscalía de Madrid había iniciado otro procedimiento y que poco después el Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para investigar los hechos. En ese momento, dictó un decreto para declarar en suspenso el expediente interno.
"Hubo tiempo de hacer nada", dijo Sanz Gaite, al referirse a la falta de tiempo que tuvo su departamento para realizar una investigación interna. Cuando empezaban a instruir, ya se estaba abriendo la investigación penal.
Además, la fiscal explicó que no hubo comunicación pública alguna sobre el asunto más allá de informar a Manos Limpias y al ICAM de que el expediente quedaba suspendido.
La Inspección también había recibido una solicitud para cambiar el teléfono móvil de Sanz Gaite después del registro del despacho de un fiscal por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, la fiscal negó haber cambiado de dispositivo y explicó que solo cambió el número asociado a su cuenta de WhatsApp porque tenía un viaje privado al extranjero.
El fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General, Agustín Hidalgo de Morillo, también testificó en el juicio. Explicó que los "incidentes de seguridad" y las "violaciones de seguridad" no son lo mismo y que una nota informativa que contenía los correos que el abogado de la pareja de Ayuso se intercambió con la Fiscalía no incurrió en violación de seguridad.
El juez Martínez Arrieta intervino para aclarar si él actúa de oficio, a lo que Hidalgo de Morillo contestó positivamente. También explicó que si el afectado, Alberto González Amador, se hubiera dirigido a él, le habría dado una respuesta.
En relación con la utilización de un correo electrónico privado para cuestiones profesionales, Hidalgo de Morillo dijo que no es "recomendable" pero que no está prohibido. También explicó que no se notificaron al fiscales que se les borró su cuenta de Gmail en la que recibieron los correos del abogado de Ayuso.
Además, el fiscal destacó que los fiscales tienen la "facultad" de destruir los datos de sus dispositivos electrónicos para "prevenir el tratamiento ilícito".
Me parece que se está dando vueltas a las reglas y es un poco confuso. ¿y qué pasa con los emails personales que se usan para cuestiones profesionales? ¿son seguros? La fiscal jefa dijo que no hay problema, pero me parece que eso no puede ser así. Además, si el fiscal de la UCO cambió el número asociado a su cuenta de WhatsApp porque tenía un viaje privado, ¿por qué los fiscales no pueden hacer lo mismo? Es todo un poco demasiado complicado para mí...
. Me parece que la fiscalía no tuvo tiempo de investigar y eso es una gran falta. ¿Cuánto cuesta tener a alguien para investigar? ¡Ni siquiera se le dio la oportunidad! Y lo peor, esos correos electrónicos se eliminaron sin avisar a nadie 
. Es como si estuvieran diciendo "no nos importa" al afectado. ¿Y qué hay de los derechos del ciudadano? Alguna vez vamos a saber quién está detrás de esa filtración? La justicia es un buen sistema, pero en casos como este me hace dudar un poco 
También me parece extraño que el teléfono móvil de Sanz Gaite cambió de número, ¿o es una coincidencia? Me parece que hay algo que no está bien aquí. Además, los fiscales tienen la facultad de borrar datos de sus dispositivos electrónicos para "prevenir el tratamiento ilícito", ¡eso suena a censura! 
Y lo del correo electrónico privado... si es "recomendable" no decirlo ni menos prohibirlo, ¿verdad? 
En fin, siempre se cuestiona quién está detrás de la escena.
En cualquier caso, me da un poco de miedo que se hayan borrado los correos electrónicos importantes sin que nadie se lo note... 
¡Espero que alguien se encargue de revisar todo esto y dé un fin a esta confusión! 
¿qué pasa aquí? Me parece que no se investiga nada y solo se hace un gran espectáculo de que no hubo tiempo para investigar. ¿Por qué no se busca la verdad? 
Deberían haberse tomado más medidas para proteger la privacidad y seguridad de las personas involucradas. Y qué hay de la comunicación pública? ¡Nada! Solo se informó a Manos Limpias y al ICAM, pero no a nadie más. Esto parece una gran falta de transparencia. 
