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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido una opinión consultiva firme, advertiendo a Israel que no puede bloquear el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, sino que debe aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por la ONU.
El tribunal, con sede en La Haya, considera que el impedimento "sustancial" impuesto por Israel al acceso de ayuda humanitaria a la Franja ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil y le insta a cumplir con su obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda. El presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, ha recordado que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda.
Además, la Corte señala que no hay pruebas concluyentes de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA pertenezca a Hamás o otras organizaciones terroristas. Recordando que el despido de nueve trabajadores de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 es insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral.
La CIJ también ha ordenado a Israel garantizar las necesidades básicas de la población civil y permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en cárceles israelíes. Asimismo, le recuerda que el traslado forzoso o la deportación de civiles de un territorio ocupado está prohibido por el derecho internacional.
El Gobierno palestino ha celebrado esta decisión, aunque advierte que Israel "no cumplirá ni asumirá las responsabilidades" dictadas por la CIJ y pide a la comunidad internacional que lo obligue a respetar la ley. El embajador palestino Ammar Hijazi ha afirmado que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional esté a la altura del desafío", tras "dos años de crueldad y criminalidad abyectas".
Por su parte, Israel ha rechazado de plano esta opinión consultiva de la CIJ, calificándola de "intento político" de imponerle medidas bajo el pretexto del derecho internacional. El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado que el tribunal debería haber denunciado la "actividad terrorista" de la UNRWA en Gaza y recordó que entregó a la ONU "amplias pruebas" sobre su presunta implicación en el ataque del 7 de octubre de 2023.
El tribunal, con sede en La Haya, considera que el impedimento "sustancial" impuesto por Israel al acceso de ayuda humanitaria a la Franja ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil y le insta a cumplir con su obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda. El presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, ha recordado que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda.
Además, la Corte señala que no hay pruebas concluyentes de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA pertenezca a Hamás o otras organizaciones terroristas. Recordando que el despido de nueve trabajadores de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 es insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral.
La CIJ también ha ordenado a Israel garantizar las necesidades básicas de la población civil y permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en cárceles israelíes. Asimismo, le recuerda que el traslado forzoso o la deportación de civiles de un territorio ocupado está prohibido por el derecho internacional.
El Gobierno palestino ha celebrado esta decisión, aunque advierte que Israel "no cumplirá ni asumirá las responsabilidades" dictadas por la CIJ y pide a la comunidad internacional que lo obligue a respetar la ley. El embajador palestino Ammar Hijazi ha afirmado que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional esté a la altura del desafío", tras "dos años de crueldad y criminalidad abyectas".
Por su parte, Israel ha rechazado de plano esta opinión consultiva de la CIJ, calificándola de "intento político" de imponerle medidas bajo el pretexto del derecho internacional. El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado que el tribunal debería haber denunciado la "actividad terrorista" de la UNRWA en Gaza y recordó que entregó a la ONU "amplias pruebas" sobre su presunta implicación en el ataque del 7 de octubre de 2023.