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La Audiencia Nacional dictamina que no es competente para investigar a Netanyahu por el asalto a la Flotilla. El juez Antonio Piña rechaza y archiva la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército, relacionados con el asalto y abordaje de la embarcación Madleen en junio.
Según el informe de la Fiscalía, que apoya la decisión del juez, los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción española. En cambio, se remite a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde Netanyahu ya está siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La querella fue presentada por Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Los acusados son Netanyahu, Israel Katz, David Saar Salama, los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, Daniel Hagari y otros.
Los querellantes consideran que estos hechos constituyen un delito de lesa humanidad (detención ilegal y deportación) y otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Sin embargo, el juez invoca la persecución de estos delitos a la CPI, regida por el Estatuto de Roma.
La reforma de la llamada ley de justicia o jurisdicción universal acota los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España. Según el juez Piña, estos delitos (lesa humanidad y crímenes de guerra o conflicto armado) han quedado apartados del principio de justicia universal, salvo casos extraordinarios o rarísimos.
El abordaje de la Madleen estuvo caracterizado por el uso de drones, gases lacrimógenos, armas no letales y la detención arbitraria de los doce tripulantes civiles desarmados sin advertencia previa ni orden judicial. Los detenidos fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso.
El barco transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas.
Según el informe de la Fiscalía, que apoya la decisión del juez, los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción española. En cambio, se remite a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde Netanyahu ya está siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La querella fue presentada por Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Los acusados son Netanyahu, Israel Katz, David Saar Salama, los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, Daniel Hagari y otros.
Los querellantes consideran que estos hechos constituyen un delito de lesa humanidad (detención ilegal y deportación) y otro contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Sin embargo, el juez invoca la persecución de estos delitos a la CPI, regida por el Estatuto de Roma.
La reforma de la llamada ley de justicia o jurisdicción universal acota los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España. Según el juez Piña, estos delitos (lesa humanidad y crímenes de guerra o conflicto armado) han quedado apartados del principio de justicia universal, salvo casos extraordinarios o rarísimos.
El abordaje de la Madleen estuvo caracterizado por el uso de drones, gases lacrimógenos, armas no letales y la detención arbitraria de los doce tripulantes civiles desarmados sin advertencia previa ni orden judicial. Los detenidos fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso.
El barco transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas.