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El Congreso aprueba la ley del Gobierno que obliga a grandes empresas responder en catalán, euskera y galego.
La Junts ha votado a favor de la norma de Servicios de Atención a la Clientela presentada por el Ejecutivo, que incluye la obligación a las grandes empresas de responder en "lenguas cooficiales" cuando operen en una comunidad autónoma en la que se habla. Estas lenguas son el catalán, euskera y galego.
La norma también prohíbe las llamadas 'spam' siempre que no estén identificadas como tales. La prohibición de estas llamadas es un punto clave del proyecto de ley, que ha sido aprobado en la comisión de Consumo con el visto bueno de los partidos del Gobierno y de Junts.
Además, el Ejecutivo acordó con ERC, Junts, EH Bildu y BNG que las personas que vivan en una comunidad donde exista una lengua cooficial reciban atención en ese idioma si la empresa presta servicios en aquellas comunidades autónomas donde la lengua oficial es diferente al castellano.
La norma incluye un prefijo identificativo para realizar llamadas 'spam' y prohíbe que se realicen llamadas sin consentimiento. Los contratos cerrados a través de estas llamadas quedarán anulados.
Esta obligación se aplicará a las empresas que ofrecen servicios básicos, que tengan más de 250 trabajadores o una facturación anual superior a 50 millones de euros. Las posiciones del PSOE y Sumar en la comisión fueron rechazadas por los partidos del Gobierno.
La Junts ha votado a favor de la norma de Servicios de Atención a la Clientela presentada por el Ejecutivo, que incluye la obligación a las grandes empresas de responder en "lenguas cooficiales" cuando operen en una comunidad autónoma en la que se habla. Estas lenguas son el catalán, euskera y galego.
La norma también prohíbe las llamadas 'spam' siempre que no estén identificadas como tales. La prohibición de estas llamadas es un punto clave del proyecto de ley, que ha sido aprobado en la comisión de Consumo con el visto bueno de los partidos del Gobierno y de Junts.
Además, el Ejecutivo acordó con ERC, Junts, EH Bildu y BNG que las personas que vivan en una comunidad donde exista una lengua cooficial reciban atención en ese idioma si la empresa presta servicios en aquellas comunidades autónomas donde la lengua oficial es diferente al castellano.
La norma incluye un prefijo identificativo para realizar llamadas 'spam' y prohíbe que se realicen llamadas sin consentimiento. Los contratos cerrados a través de estas llamadas quedarán anulados.
Esta obligación se aplicará a las empresas que ofrecen servicios básicos, que tengan más de 250 trabajadores o una facturación anual superior a 50 millones de euros. Las posiciones del PSOE y Sumar en la comisión fueron rechazadas por los partidos del Gobierno.