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La Audiencia de Granada se ha adentrado en el proceso judicial contra dos decenas de acusados por su participación en una red criminal que transportaba hachís desde Marruecos hasta la Costa de Granada. Los procesados, todos ellos con pasaportes españoles, marroquíes y rumanos, enfrentan cargos por delitos contra la salud pública, contrabando e integración en grupo criminal.
La investigación conjunta entre el equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Granada y el Servicio de Vigilancia Aduanera permitió desmantelar esta estructura logística profesional y jerarquizada, que operaba desde agosto de 2019. Cada miembro del grupo tenía un rol específico: pilotos expertos en el manejo de narcolanchas semirrígidas, equipos de vigilancia y abastecimiento de combustible, porteadores que cargaban la droga en la playa y responsables de "guarderías" donde se ocultaba la sustancia antes de su distribución final.
Una de las operaciones clave ocurrió a medianoche del 29 de diciembre de 2019, cuando la Guardia Civil detectó una embarcación sospechosa frente a la costa de Nerja. Los sospechosos intentaron huir a pie pero fueron interceptados y incautada una masa de 56 fardos de hachís con un peso total de 1.581 kilos, lo que elevaba el valor de mercado a más de 2,6 millones de euros.
La Fiscalía solicita penas severas para los acusados, algunos de los cuales podrían enfrentar hasta ocho años y medio de prisión. Además, se exige el pago de multas millonarias, que ascienden hasta los 17 millones de euros por cada acusado. El caso se sustenta en evidencias sólidas obtenidas mediante dispositivos de seguimiento y escuchas telefónicas autorizadas judicialmente.
La caza al dinero se ha iniciado con el objetivo de desacreditar a la organización y llevarla a su justa castigo, considerando que el caso es uno de los más grandes en términos de cantidad de droga y valor económico.
La investigación conjunta entre el equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Granada y el Servicio de Vigilancia Aduanera permitió desmantelar esta estructura logística profesional y jerarquizada, que operaba desde agosto de 2019. Cada miembro del grupo tenía un rol específico: pilotos expertos en el manejo de narcolanchas semirrígidas, equipos de vigilancia y abastecimiento de combustible, porteadores que cargaban la droga en la playa y responsables de "guarderías" donde se ocultaba la sustancia antes de su distribución final.
Una de las operaciones clave ocurrió a medianoche del 29 de diciembre de 2019, cuando la Guardia Civil detectó una embarcación sospechosa frente a la costa de Nerja. Los sospechosos intentaron huir a pie pero fueron interceptados y incautada una masa de 56 fardos de hachís con un peso total de 1.581 kilos, lo que elevaba el valor de mercado a más de 2,6 millones de euros.
La Fiscalía solicita penas severas para los acusados, algunos de los cuales podrían enfrentar hasta ocho años y medio de prisión. Además, se exige el pago de multas millonarias, que ascienden hasta los 17 millones de euros por cada acusado. El caso se sustenta en evidencias sólidas obtenidas mediante dispositivos de seguimiento y escuchas telefónicas autorizadas judicialmente.
La caza al dinero se ha iniciado con el objetivo de desacreditar a la organización y llevarla a su justa castigo, considerando que el caso es uno de los más grandes en términos de cantidad de droga y valor económico.
, ¿cómo se enteran estos tipo de personas de la Costa de Granada para moverse hachís desde Marruecos? Y con tantas pasaportes diferentes, ¿qué hay de la seguridad? Debe ser una gran coordinación y planificación para moverse así. Pero lo que más me llama la atención es el valor del dinero, 2,6 millones de euros... ¡eso es una cantidad loca!
, si no les parece mal que hay una red criminal tan sofisticada operando en nuestro país sin que nadie se dé cuenta, ¿qué está pasando? La verdad es que me preocupa la cantidad de dinero que están pidiendo como multa, 17 millones de euros por cada acusado 
. ¿Por qué los acusados tienen pasaportes españoles, marroquíes y rumanos? ¿Es posible que estén tratando de ocultar algo sobre sus verdaderas identidades o conexiones con el exterior? Me gustaría saber más sobre esto antes de sacar conclusiones 
.
Pero, también tengo que pensar que algunos de estos acusados son solo paseadores y no son culpables como los jefes de la organización. La ley tiene que ser justa para todos, ¿no? 
Y me parece un poco excesiva la cantidad de multas que peden, 17 millones de euros es mucho dinero, ¿quién puede pagar eso?