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Un proceso judicial que puede desestabilizar la esencia del trabajo periodístico. Los periodistas, las "plumillas" de la prensa, han sido llamados a declarar ante el Supremo en un caso que podría llevar al Fiscal General de Estado a la cárcel y la inhabilitación.
Entre los testigos figuran varios medios de comunicación con trayectorias dilatadas. Sin embargo, ninguno ha logrado convencer al juez instructor. Los periodistas afirman haber tenido acceso al correo del abogado de González Amador antes que García Ortiz, quien se le acusa de filtrar este documento.
Aunque algunos testigos han afirmado no conocer a la persona que les envió el correo, ninguno ha sido considerado creíble por el juez. El fiscal general del Estado puede perder su cargo y su libertad si se lo demuestra.
La instrucción ha estado basada en los indicios de la investigación para inferir que no podía haber otro responsable del delito de filtración. La cuestión es que nadie ha presentado pruebas concluyentes, solo indicaciones que permiten suponer que García Ortiz es el responsable.
El juicio a la credibilidad de los periodistas puede tener consecuencias importantes para todos. El trabajo periodístico está en juego y la prensa debe mantener su independencia y secreto profesional.
No se puede pedir más a los periodistas para que revelen toda la verdad, ya que eso podría dañar la posibilidad de conocer futuras verdades relevantes. La Constitución española recoge el secreto profesional del periodista en su artículo 20.1.d.
Los periodistas que han sido llamados a declarar son redactores de tribunales y no sus jefes o directores, quienes pueden estar vinculados a otros intereses. Ellos no pueden cavar la fosa de su profesión sin arriesgar su reputación y crédito profesional.
La sentencia final del caso dependerá del criterio de los siete magistrados que la dictarán.
Entre los testigos figuran varios medios de comunicación con trayectorias dilatadas. Sin embargo, ninguno ha logrado convencer al juez instructor. Los periodistas afirman haber tenido acceso al correo del abogado de González Amador antes que García Ortiz, quien se le acusa de filtrar este documento.
Aunque algunos testigos han afirmado no conocer a la persona que les envió el correo, ninguno ha sido considerado creíble por el juez. El fiscal general del Estado puede perder su cargo y su libertad si se lo demuestra.
La instrucción ha estado basada en los indicios de la investigación para inferir que no podía haber otro responsable del delito de filtración. La cuestión es que nadie ha presentado pruebas concluyentes, solo indicaciones que permiten suponer que García Ortiz es el responsable.
El juicio a la credibilidad de los periodistas puede tener consecuencias importantes para todos. El trabajo periodístico está en juego y la prensa debe mantener su independencia y secreto profesional.
No se puede pedir más a los periodistas para que revelen toda la verdad, ya que eso podría dañar la posibilidad de conocer futuras verdades relevantes. La Constitución española recoge el secreto profesional del periodista en su artículo 20.1.d.
Los periodistas que han sido llamados a declarar son redactores de tribunales y no sus jefes o directores, quienes pueden estar vinculados a otros intereses. Ellos no pueden cavar la fosa de su profesión sin arriesgar su reputación y crédito profesional.
La sentencia final del caso dependerá del criterio de los siete magistrados que la dictarán.