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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado ante la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, una serie de irregularidades institucionales en el procedimiento penal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Los fiscales progresistas sostienen que estas irregulaciones comprometen la independencia judicial y generan una aparente falta de imparcialidad en el sistema judicario.
Entre las irregularidades mencionadas por la UPF se encuentran el cursillo remunerado impartido a los magistrados del Tribunal Supremo, que participaron en el juicio contra García Ortiz. También destacan la instrucción con medidas extremadamente invasivas y el comportamiento de los magistrados durante el juicio y la deliberación.
La UPF solicita que Satterthwaite analice estos hechos y valore si comprometen la independencia judicial. También piden que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional de este caso.
En particular, los fiscales progresistas señalan que el fallo condenatorio contra García Ortiz trascendió sin motivación durante semanas, lo que afecta directamente al derecho de defensa, la transparencia y la confianza social en las instituciones. También apuntan a la presencia de vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores.
La UPF destaca que estos hechos no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial y generan una aparente falta de imparcialidad en el sistema judicario. En este sentido, solicitan que Satterthwaite considere una investigación más profunda y exhaustiva sobre estos hechos para evaluar su impacto institucional.
En resumen, los fiscales progresistas denuncian una serie de irregularidades institucionales en el procedimiento penal contra Álvaro García Ortiz y solicitan que la relatora especial de Naciones Unidas analice estos hechos y valore si comprometen la independencia judicial.
Entre las irregularidades mencionadas por la UPF se encuentran el cursillo remunerado impartido a los magistrados del Tribunal Supremo, que participaron en el juicio contra García Ortiz. También destacan la instrucción con medidas extremadamente invasivas y el comportamiento de los magistrados durante el juicio y la deliberación.
La UPF solicita que Satterthwaite analice estos hechos y valore si comprometen la independencia judicial. También piden que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional de este caso.
En particular, los fiscales progresistas señalan que el fallo condenatorio contra García Ortiz trascendió sin motivación durante semanas, lo que afecta directamente al derecho de defensa, la transparencia y la confianza social en las instituciones. También apuntan a la presencia de vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores.
La UPF destaca que estos hechos no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial y generan una aparente falta de imparcialidad en el sistema judicario. En este sentido, solicitan que Satterthwaite considere una investigación más profunda y exhaustiva sobre estos hechos para evaluar su impacto institucional.
En resumen, los fiscales progresistas denuncian una serie de irregularidades institucionales en el procedimiento penal contra Álvaro García Ortiz y solicitan que la relatora especial de Naciones Unidas analice estos hechos y valore si comprometen la independencia judicial.
¿Y saben qué es lo que realmente decide que un magistrado sea "independiente"? 
El dinero, claro! 
Pero en serio, ¿cómo puede ser justo un sistema judicario cuando los magistrados están recibiendo salarios de sueño mientras juzgan a quienes no tienen recursos? 
Los fiscales progresistas quieren darle mucha importancia a las irregularidades, pero yo creo que se están quedando con las manos vacías 
. Es cierto que el curso de los magistrados y la instrucción con medidas invasivas son problemas, pero ¿qué hay del impacto que tiene en la justicia real? 
La UPF solo quiere que Satterthwaite verifique si todo está alineado con las normas internacionales, pero ¿quién decide qué es lo correcto y qué no? 
Estoy curioso de saber cómo va a analizar esto sin caer en un lado o el otro.
. Los fiscales progresistas están absolutamente en lo correcto al denunciar estas irregularidades, especialmente el cursillo remunerado para los magistrados del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra García Ortiz. ¡Eso es una clara falta de imparcialidad! 
Y ¿qué con la instrucción con medidas extremadamente invasivas? ¡Es un caso clásico de abuso de poder! 
. Y ahora solicitan una investigación de Naciones Unidas, ¡eso no es casualidad! Me parece que están buscando un escudo para cubrir sus propias debilidades y errores en el procedimiento penal. La independencia judicial no se puede resolver con un informe de la ONU, necesitamos cambios reales y transparentes dentro del sistema judicario, ¡no solo hablar sobre ello! 