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La Mutualidad de la Abogacía, una entidad que ha sido fundamental para los abogados en su búsqueda de una jubilación digna, se enfrenta a un escenario inminente. La posible aprobación de una ley que permitirá trasladar los ahorros de los mutualistas al sistema público es un desafío sin precedentes.
"La Mutualidad está a salvo y más fuerte que nunca", afirma Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la entidad. Pero para él, no hay interés en retener a quien no se encuentre cómodo con la Mutualidad, aunque sí le ayudarán a tomar la mejor decisión.
El plan estratégico de Mutualidad busca mantener su solvencia y seguir creciendo, incluso si la norma acaba poniendo fin a su papel como alternativa privada a la Seguridad Social. La entidad se prepara para adaptarse al nuevo marco legislativo con un objetivo ambicioso: aumentar el número de socios de los 210.000 actuales a 226.000 en 2028.
Sin embargo, la crítica de algunos mutualistas ha resonado con fuerza en la entidad. Algunos abogados y procuradores reclaman pensiones dignas que en muchos casos apenas alcanzan los 400 euros. La Mutualidad de la Abogacía ha sido acusada de no haberles informado bien de las bases para tener una renta de jubilación más alta.
El presidente Sanz defiende rotundamente la transparencia de la entidad, argumentando que se han celebrado asambleas en todos los colegios y se ha notificado individualmente a los mutualistas. "Llamamos a 25.000 personas, pero solo un 15% decidió incrementar sus aportaciones", lamenta.
A pesar de las críticas, el presidente Sanz prefiere mirar al futuro con optimismo. "Creo que de las crisis surgen oportunidades para crecer, ser mejores y dotarnos de mayores resortes", señala. Con una ratio de solvencia del 250%, el directivo saca pecho.
La pasarela, un instrumento de colaboración público-privada muy eficiente, permite a cada mutualista diseñar su jubilación en función de sus posibilidades a lo largo de toda su vida profesional. El presidente Sanz es partidario de esta herramienta, pero discrepa de que la Mutualidad deje de ser una alternativa al sistema público a partir de 2027.
En el ojo del huracán, la Mutualidad de la Abogacía se enfrenta a un desafío sin precedentes. Pero con un plan estratégico ambicioso y una ratio de solvencia sólida, la entidad se prepara para enfrentar este escenario y seguir creciendo en el futuro.
"La Mutualidad está a salvo y más fuerte que nunca", afirma Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la entidad. Pero para él, no hay interés en retener a quien no se encuentre cómodo con la Mutualidad, aunque sí le ayudarán a tomar la mejor decisión.
El plan estratégico de Mutualidad busca mantener su solvencia y seguir creciendo, incluso si la norma acaba poniendo fin a su papel como alternativa privada a la Seguridad Social. La entidad se prepara para adaptarse al nuevo marco legislativo con un objetivo ambicioso: aumentar el número de socios de los 210.000 actuales a 226.000 en 2028.
Sin embargo, la crítica de algunos mutualistas ha resonado con fuerza en la entidad. Algunos abogados y procuradores reclaman pensiones dignas que en muchos casos apenas alcanzan los 400 euros. La Mutualidad de la Abogacía ha sido acusada de no haberles informado bien de las bases para tener una renta de jubilación más alta.
El presidente Sanz defiende rotundamente la transparencia de la entidad, argumentando que se han celebrado asambleas en todos los colegios y se ha notificado individualmente a los mutualistas. "Llamamos a 25.000 personas, pero solo un 15% decidió incrementar sus aportaciones", lamenta.
A pesar de las críticas, el presidente Sanz prefiere mirar al futuro con optimismo. "Creo que de las crisis surgen oportunidades para crecer, ser mejores y dotarnos de mayores resortes", señala. Con una ratio de solvencia del 250%, el directivo saca pecho.
La pasarela, un instrumento de colaboración público-privada muy eficiente, permite a cada mutualista diseñar su jubilación en función de sus posibilidades a lo largo de toda su vida profesional. El presidente Sanz es partidario de esta herramienta, pero discrepa de que la Mutualidad deje de ser una alternativa al sistema público a partir de 2027.
En el ojo del huracán, la Mutualidad de la Abogacía se enfrenta a un desafío sin precedentes. Pero con un plan estratégico ambicioso y una ratio de solvencia sólida, la entidad se prepara para enfrentar este escenario y seguir creciendo en el futuro.