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El Tribunal Supremo de España ha pedido datos al gobierno estadounidense para investigar los presuntos delitos cometidos por Alvise Pérez, fundador de Se Acabó la Fiesta. La solicitud se debe a que el eurodiputado es objeto de varias causas abiertas, incluyendo las de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una prueba de Covid-19 falsa de Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana.
La Fiscalía pidió la colaboración internacional para acceder a los datos de la red social X, ahora conocida como Twitter, que se encuentran alojados en Estados Unidos. El instructor de la causa considera que la medida es "oportuna, pertinente y proporcional" porque permite recabar información relevante sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos que se reputan falsos e injuriosos.
El juez ha decidido prorrogar por seis meses más el plazo de la investigación, lo que significa que la investigación continuará hasta el 17 de noviembre. El Parlamento Europeo también tendrá que autorizar al Tribunal Supremo para imputar formalmente a Alvise Pérez.
El caso se remonta al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un tuit en el que difundió una prueba de Covid-19 falsa de Salvador Illa. El eurodiputado aseguró durante su declaración que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales.
El Tribunal Supremo abrió la causa contra Alvise Pérez el pasado abril, al apreciar múltiples indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias. Además de esta causa, Alvise cuenta con otras cuatro causas abiertas por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido, así como por el supuesto acoso en redes sociales a varias personas.
La investigación se está llevando a cabo durante una campaña electoral, lo que ha generado polémica. El Supremo ha determinado que las investigaciones no deben interferir con la libertad electoral y que se deben seguir procedimientos estrictos para garantizar la imparcialidad de los procesos judiciales.
En resumen, el caso de Alvise Pérez es uno de los más polémicos en la historia del Parlamento Europeo. La investigación sigue en curso y el Tribunal Supremo ha pedido datos a Estados Unidos para recabar información relevante sobre las actividades del eurodiputado.
La Fiscalía pidió la colaboración internacional para acceder a los datos de la red social X, ahora conocida como Twitter, que se encuentran alojados en Estados Unidos. El instructor de la causa considera que la medida es "oportuna, pertinente y proporcional" porque permite recabar información relevante sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos que se reputan falsos e injuriosos.
El juez ha decidido prorrogar por seis meses más el plazo de la investigación, lo que significa que la investigación continuará hasta el 17 de noviembre. El Parlamento Europeo también tendrá que autorizar al Tribunal Supremo para imputar formalmente a Alvise Pérez.
El caso se remonta al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un tuit en el que difundió una prueba de Covid-19 falsa de Salvador Illa. El eurodiputado aseguró durante su declaración que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales.
El Tribunal Supremo abrió la causa contra Alvise Pérez el pasado abril, al apreciar múltiples indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias. Además de esta causa, Alvise cuenta con otras cuatro causas abiertas por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido, así como por el supuesto acoso en redes sociales a varias personas.
La investigación se está llevando a cabo durante una campaña electoral, lo que ha generado polémica. El Supremo ha determinado que las investigaciones no deben interferir con la libertad electoral y que se deben seguir procedimientos estrictos para garantizar la imparcialidad de los procesos judiciales.
En resumen, el caso de Alvise Pérez es uno de los más polémicos en la historia del Parlamento Europeo. La investigación sigue en curso y el Tribunal Supremo ha pedido datos a Estados Unidos para recabar información relevante sobre las actividades del eurodiputado.