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El Ministerio de Economía ha desatado una tormenta en el mundo financiero español al multar a CaixaBank con más de 30 millones de euros por su participación en el caso de la Torre Foster. La unidad de prevención de blanqueo dependiente del Ministerio, Sepblac, había sancionado anteriormente a Bankia con una cantidad similar por una infracción grave en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La cuestión es que CaixaBank asume la responsabilidad de Bankia tras su fusión, lo que significa que la multa también afectará a la banca. Hasta ahora, solo se ha confirmado una sanción pública, de 17,6 millones de euros, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 2023.
La sanción se refiere al incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio cuando un empleado o director de Bankia había manifestado internamente la existencia de indicios sobre una posible relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La multa, aunque formalizada en diciembre, sigue siendo objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Lo que es más interesante es que la Torre Foster, propiedad actualmente de Amancio Ortega, ha sido objeto de varias sanciones por parte de Sepblac en los últimos años. En 2020, se publicaron multas de unos 8,2 millones de euros contra Bankinter por su participación en el caso.
Pero ¿qué nos dice esta historia sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? ¿Cómo lograremos evitar que casos como este vuelvan a aparecer en nuestro sistema financiero?
En cualquier caso, CaixaBank se muda para no hablar sobre el tema. La banca ha mantenido un silencio prudente, sin cometerse a declaraciones o comentarios que puedan ir en contra de sus intereses.
La cuestión es que CaixaBank asume la responsabilidad de Bankia tras su fusión, lo que significa que la multa también afectará a la banca. Hasta ahora, solo se ha confirmado una sanción pública, de 17,6 millones de euros, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 2023.
La sanción se refiere al incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio cuando un empleado o director de Bankia había manifestado internamente la existencia de indicios sobre una posible relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La multa, aunque formalizada en diciembre, sigue siendo objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Lo que es más interesante es que la Torre Foster, propiedad actualmente de Amancio Ortega, ha sido objeto de varias sanciones por parte de Sepblac en los últimos años. En 2020, se publicaron multas de unos 8,2 millones de euros contra Bankinter por su participación en el caso.
Pero ¿qué nos dice esta historia sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? ¿Cómo lograremos evitar que casos como este vuelvan a aparecer en nuestro sistema financiero?
En cualquier caso, CaixaBank se muda para no hablar sobre el tema. La banca ha mantenido un silencio prudente, sin cometerse a declaraciones o comentarios que puedan ir en contra de sus intereses.