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El Senado del Parlamento español ha emitido un dictamen formal contra Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, acusándolo de una "intromisión directa injustificable" en el funcionamiento de la Real Academia Española (RAE). El senador Juan Manuel Ávila argumentó que las declaraciones desonrosas y denigratorias que hizo García Montero sobre la RAE durante un congreso internacional son "una verdadera tendencia del sanchismo", que busca "liquidar la independencia de la institución".
Según Ávila, García Montero se ha metido en el asunto con tonos insultantes y ha arrastrado el nombre de la RAE con sus palabras. El senador acusó al director del Instituto Cervantes de ser un "catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", lo que ha creado distancias con la institución.
El dictamen, aprobado por el Grupo Parlamentario Popular, busca garantizar la neutralidad y autonomía de la RAE, adoptando medidas necesarias para evitar interferencias o declaraciones que menoscaben su respeto institucional. El senador Ávila expresó que si García Montero tuviera vergüenza, ya habría dimitido.
El senado también ha desestimado la petición de que se reprobara al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero el senador Fernando Carbonell argumentó que este esfuerzo por denigrar la imagen de España no está justificado. La socialista Rosa María Aldea apuntó que el PP busca polarizar con propuestas como esta, y acusó al partido de utilizar la expresión "politización institucional" para cuestionar los nombramientos distintos a su manera.
El representante de Izquierda Confederal, Carla Antonelli, señaló que el PP legitimaba la violencia verbal con mociones como la presentada contra el director del Instituto Cervantes. En general, se ha criticado al Partido Popular por intentar "liquidar" la independencia de la RAE y por utilizar las mociones para atacar a políticos del Gobierno.
Según Ávila, García Montero se ha metido en el asunto con tonos insultantes y ha arrastrado el nombre de la RAE con sus palabras. El senador acusó al director del Instituto Cervantes de ser un "catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", lo que ha creado distancias con la institución.
El dictamen, aprobado por el Grupo Parlamentario Popular, busca garantizar la neutralidad y autonomía de la RAE, adoptando medidas necesarias para evitar interferencias o declaraciones que menoscaben su respeto institucional. El senador Ávila expresó que si García Montero tuviera vergüenza, ya habría dimitido.
El senado también ha desestimado la petición de que se reprobara al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero el senador Fernando Carbonell argumentó que este esfuerzo por denigrar la imagen de España no está justificado. La socialista Rosa María Aldea apuntó que el PP busca polarizar con propuestas como esta, y acusó al partido de utilizar la expresión "politización institucional" para cuestionar los nombramientos distintos a su manera.
El representante de Izquierda Confederal, Carla Antonelli, señaló que el PP legitimaba la violencia verbal con mociones como la presentada contra el director del Instituto Cervantes. En general, se ha criticado al Partido Popular por intentar "liquidar" la independencia de la RAE y por utilizar las mociones para atacar a políticos del Gobierno.