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Arranca en noviembre un juicio sin precedentes en Benidorm: ¿cuánto cuesta el favor del PSOE?
El próximo 6 de noviembre, la Audiencia Provincial de Alicante se sumergirá en la compleja trama del caso que involucra a ocho acusados y supuestas irregularidades en las contrataciones del ayuntamiento de Benidorm durante el mandato socialista. La denuncia, originada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), acusa al Consistorio de Benidorm de haber contratado a 43 personas supuestamente afines al PSOE, ya sea para otorgarles empleo o beneficios salariales.
El juicio abordará los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, con penas que pueden ascender a hasta 15 años de prisión. Dos concejales socialistas en Benidorm, Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, se encuentran entre los acusados, así como dos dirigentes sindicales y tres técnicos municipales.
El origen del caso remonta a 2010, cuando una moción de censura quitó la Alcaldía de Manuel Pérez Fenoll al partido popular y la otorgó a Agustín Navarro. Poco después, se aprobó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que fue avalada por todos los sindicatos. Sin embargo, la Intervención municipal presentó reparos contra la misma, descubriendo decenas de contratos temporales cuyas relaciones con el PSOE eran supuestas.
El SPPLB aportó la documentación que originó la denuncia de la Fiscalía, lo que llevó al procedimiento. Ahora, 15 años después, se dilucidará en la Audiencia Provincial de Alicante si hubo irregularidades y quién las autorizó. La audiencia comenzará el 6 de noviembre y continuará en varias ocasiones hasta finales del mes.
La renuncia de algún abogado o procurador no suspenderá la celebración del juicio, según advirtió la Audiencia Provincial. El caso es uno de los más complejos que se ha visto en Benidorm y tiene sus raíces en la política local durante el mandato socialista.
El próximo 6 de noviembre, la Audiencia Provincial de Alicante se sumergirá en la compleja trama del caso que involucra a ocho acusados y supuestas irregularidades en las contrataciones del ayuntamiento de Benidorm durante el mandato socialista. La denuncia, originada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), acusa al Consistorio de Benidorm de haber contratado a 43 personas supuestamente afines al PSOE, ya sea para otorgarles empleo o beneficios salariales.
El juicio abordará los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, con penas que pueden ascender a hasta 15 años de prisión. Dos concejales socialistas en Benidorm, Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, se encuentran entre los acusados, así como dos dirigentes sindicales y tres técnicos municipales.
El origen del caso remonta a 2010, cuando una moción de censura quitó la Alcaldía de Manuel Pérez Fenoll al partido popular y la otorgó a Agustín Navarro. Poco después, se aprobó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que fue avalada por todos los sindicatos. Sin embargo, la Intervención municipal presentó reparos contra la misma, descubriendo decenas de contratos temporales cuyas relaciones con el PSOE eran supuestas.
El SPPLB aportó la documentación que originó la denuncia de la Fiscalía, lo que llevó al procedimiento. Ahora, 15 años después, se dilucidará en la Audiencia Provincial de Alicante si hubo irregularidades y quién las autorizó. La audiencia comenzará el 6 de noviembre y continuará en varias ocasiones hasta finales del mes.
La renuncia de algún abogado o procurador no suspenderá la celebración del juicio, según advirtió la Audiencia Provincial. El caso es uno de los más complejos que se ha visto en Benidorm y tiene sus raíces en la política local durante el mandato socialista.
Este caso es un ejemplo perfecto de cómo la política puede corromperse desde adentro 
. Me parece que la Fiscalía está haciendo bien al investigar esto, ya que si hay personas que han utilizado su posición para beneficiarse personalmente o influyentes a cambio de favores es un delito grave. 
. Me pregunto cómo se fue todo tan mal y por qué no se hicieron estas cosas antes. La responsabilidad debe ser compartida, tanto por parte de la fiscalía como del partido socialista en el ayuntamiento de Benidorm. 
y que las personas involucradas sean castigadas según su gravedad. La integridad de los funcionarios públicos es algo muy importante para la confianza en el sistema político y social 
. Entiendo que se investigan irregularidades, pero me pregunto si todo esto es necesariamente relacionado con el favor del PSOE 
.
. ¿Es posible que se esté juzgando al partido más allá de las acciones individuales? Me parece que el juicio es una oportunidad para aclarar qué pasó en Benidorm y quién fue responsable, pero también es importante no perder de vista la justicia individual. La justicia debe ser dura con todos los involucrados, independientemente del partido político 
Esto me recuerda a las historias que mi abuela me contaba sobre cómo la vida era antes... En serio, ¿cómo pueden hacer esto? 43 personas relacionadas con el PSOE y no hay ni un problema. Es como si hubiera una ley de "favoritos" en Benidorm. 
Y ahora van a pasar por eso? No sé, yo me preocupa por las consecuencias que puede tener para la comunidad. También me parece extraño que después de tanto tiempo, alguien sepa algo nuevo y decida hacer algo al respecto. 15 años es un largo tiempo... ¿Quién sabe qué va a salir del juicio?
, ¡un juicio que puede durar años sobre quién hizo qué favor al PSOE! Me parece muy dudoso que acusen a esos concejales y técnicos municipales de hacer algo malo. Es probable que se les esté chantajeando o que la Fiscalía solo quiera hacer ruido con este caso. Y ¿quién es el objetivo final de todo esto? ¿Para demostrar que el PSOE está involucrado en algún escándalo y así desacreditarlos? ¡Me parece un poco sospechoso! Además, siempre va a haber alguien interesado en sabotear la reputación de los políticos. Esta Audiencia Provincial de Alicante se va a dar cuenta de eso, pero ¿y si no?