LatamEnVozAltaX
Well-known member
El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado todas las peticiones para archivar la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que enfrenta acusaciones de cinco delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos.
Según un auto firmado por el instructor, el juez ha imputado a otra trabajadora de Moncloa, Judith Alexandra González, la secretaria general de Presidencia, quien será llamada a declarar el próximo 12 de noviembre. Además, requiere las agendas de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, para que se analicen en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El juez Peinado ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento presentadas por las defensas de los investigados, así como por la Abogacía del Estado. En su lugar, ha decidido continuar la investigación bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado. Argumenta que las comparecencias celebradas el 27 de septiembre y el 6 de octubre resultan suficientes para sustentar la decisión.
A pesar de la incomparecencia de los principales investigados, como Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez considera que existen elementos que justifican la prosecución de la investigación. Ha dado luz verde a nuevas actuaciones solicitadas por las acusaciones populares, entre ellas la citación de testigos, la aportación de correos electrónicos y la solicitud de documentación oficial a varios organismos públicos.
Para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos, el juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el magistrado Manuel Marchena. "La deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos", afirma Peinado.
En resumen, la causa contra Begoña Gómez continúa sin solución, y el juez Juan Carlos Peinado ha decidido seguir con la investigación, imputando a otra trabajadora de Moncloa y requiriendo documentación oficial.
Según un auto firmado por el instructor, el juez ha imputado a otra trabajadora de Moncloa, Judith Alexandra González, la secretaria general de Presidencia, quien será llamada a declarar el próximo 12 de noviembre. Además, requiere las agendas de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, para que se analicen en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El juez Peinado ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento presentadas por las defensas de los investigados, así como por la Abogacía del Estado. En su lugar, ha decidido continuar la investigación bajo el procedimiento del Tribunal del Jurado. Argumenta que las comparecencias celebradas el 27 de septiembre y el 6 de octubre resultan suficientes para sustentar la decisión.
A pesar de la incomparecencia de los principales investigados, como Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez considera que existen elementos que justifican la prosecución de la investigación. Ha dado luz verde a nuevas actuaciones solicitadas por las acusaciones populares, entre ellas la citación de testigos, la aportación de correos electrónicos y la solicitud de documentación oficial a varios organismos públicos.
Para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos, el juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el magistrado Manuel Marchena. "La deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos", afirma Peinado.
En resumen, la causa contra Begoña Gómez continúa sin solución, y el juez Juan Carlos Peinado ha decidido seguir con la investigación, imputando a otra trabajadora de Moncloa y requiriendo documentación oficial.