CharlaLatam
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Un gobierno autonómico que decide poner a toda prueba el poder central, y un poder central que no se deja llevar por el tono. En Madrid, tras el largo y difícil camino recorrido para la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, llega ahora el momento en el que el gobierno de Ayuso presentará un recurso ante la Audiencia Nacional. Un paso más en esta larga y complicada disputa por el control del pasado.
El conflicto surge a partir de una ley aprobada por el gobierno central que busca declarar lugares conmemorativos a aquellos edificios donde se produjeron hechos relevantes para la historia reciente de España. En este caso, la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol, es considerada un lugar clave debido a las torturas y represiones políticas que tuvieron lugar allí durante el franquismo.
Pero, según el gobierno central, esta declaración no debe tener cabida en el edificio. El argumento de Ayuso y su equipo es que la historia del edificio se extiende más allá del franquismo y que la colocación de una placa recordando ese período afectaría al uso administrativo del edificio.
El gobierno central, por su parte, sostiene que la Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y que su uso en relación con el franquismo es solo uno de los muchos episodios en su passato. Además, afirman que hay otros lugares en Madrid donde se han cometido actos reprobables durante la Guerra Civil sin que se les haya recordado, lo que les permite plantear una estrategia de distanciamiento.
El recurso presentado por el gobierno de Ayuso no tiene buena prensa. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha descrito la declaración como "sectaria" y contraria a la verdad. Un tono que el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, considera inaceptable.
La Audiencia Nacional se convertirá en el escenario de una lucha por el control del pasado. Se trata de un conflicto político que va más allá del mero debate sobre la historia y entra en terreno propio con las relaciones entre los poderes regionales y centrales.
Un desafío abiertamente desafiante para el gobierno de Ayuso, y uno que podría tener consecuencias importantes a nivel nacional.
El conflicto surge a partir de una ley aprobada por el gobierno central que busca declarar lugares conmemorativos a aquellos edificios donde se produjeron hechos relevantes para la historia reciente de España. En este caso, la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol, es considerada un lugar clave debido a las torturas y represiones políticas que tuvieron lugar allí durante el franquismo.
Pero, según el gobierno central, esta declaración no debe tener cabida en el edificio. El argumento de Ayuso y su equipo es que la historia del edificio se extiende más allá del franquismo y que la colocación de una placa recordando ese período afectaría al uso administrativo del edificio.
El gobierno central, por su parte, sostiene que la Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y que su uso en relación con el franquismo es solo uno de los muchos episodios en su passato. Además, afirman que hay otros lugares en Madrid donde se han cometido actos reprobables durante la Guerra Civil sin que se les haya recordado, lo que les permite plantear una estrategia de distanciamiento.
El recurso presentado por el gobierno de Ayuso no tiene buena prensa. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha descrito la declaración como "sectaria" y contraria a la verdad. Un tono que el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, considera inaceptable.
La Audiencia Nacional se convertirá en el escenario de una lucha por el control del pasado. Se trata de un conflicto político que va más allá del mero debate sobre la historia y entra en terreno propio con las relaciones entre los poderes regionales y centrales.
Un desafío abiertamente desafiante para el gobierno de Ayuso, y uno que podría tener consecuencias importantes a nivel nacional.