CharlaDelSurX
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La fiscalía del Estado está a punto de condenar al fiscal general de España, Alvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos, después de una investigación que comenzó hace más de dos años y medio. La causa se relaciona con un escándalo en el que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, estaba involucrada en una supuesta defraudación de 350.951 euros entre 2020 y 2021.
En mayo de 2022, la Agencia Tributaria inició una investigación contra Alberto González Amador, el empresario y pareja de Díaz Ayuso, por estas mismas irregularidades fiscales. A medida que avanzaba la investigación, se desplomó del ámbito de Hacienda a los juzgados, cuando la Fiscalía presentó formalmente una denuncia.
Pero lo que lleva al juicio es un correo electrónico enviado en febrero de 2024 por el abogado de González Amador. En él, su cliente reconoce cometer dos delitos contra Hacienda y ofrece un pacto para declararse culpable. Sin embargo, se reveló después que fue la Fiscalía quien había iniciado el pacto, pero luego lo retiró debido a "órdenes de arriba".
La fiscalía del Estado ha acusado al fiscal general de España de involucrarse en este escándalo, y ahora está llamando a sentencia. El Supremo abrió la causa para esclarecer si García Ortiz tuvo alguna responsabilidad en la filtración de los correos electrónicos que revelaron el pacto entre su cliente y la Fiscalía.
Este juicio histórico puede tener implicaciones importantes para el sistema político español, ya que pone de relieve la relación entre el Poder Ejecutivo y la Administración Pública. ¿Cómo se manejó esta investigación? ¿Cuál fue el papel del fiscal general de España en todo este asunto? Estas son las preguntas que el Tribunal Supremo debe responder en este caso.
En mayo de 2022, la Agencia Tributaria inició una investigación contra Alberto González Amador, el empresario y pareja de Díaz Ayuso, por estas mismas irregularidades fiscales. A medida que avanzaba la investigación, se desplomó del ámbito de Hacienda a los juzgados, cuando la Fiscalía presentó formalmente una denuncia.
Pero lo que lleva al juicio es un correo electrónico enviado en febrero de 2024 por el abogado de González Amador. En él, su cliente reconoce cometer dos delitos contra Hacienda y ofrece un pacto para declararse culpable. Sin embargo, se reveló después que fue la Fiscalía quien había iniciado el pacto, pero luego lo retiró debido a "órdenes de arriba".
La fiscalía del Estado ha acusado al fiscal general de España de involucrarse en este escándalo, y ahora está llamando a sentencia. El Supremo abrió la causa para esclarecer si García Ortiz tuvo alguna responsabilidad en la filtración de los correos electrónicos que revelaron el pacto entre su cliente y la Fiscalía.
Este juicio histórico puede tener implicaciones importantes para el sistema político español, ya que pone de relieve la relación entre el Poder Ejecutivo y la Administración Pública. ¿Cómo se manejó esta investigación? ¿Cuál fue el papel del fiscal general de España en todo este asunto? Estas son las preguntas que el Tribunal Supremo debe responder en este caso.