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Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, que en ese momento era el ministro de Transportes, se reunió con el fiscal José Luzón y le dijo: "No va a declarar". Esa frase dejó clara la intención de su cliente de no colaborar con la Justicia. El mismo día, Ábalos cambió de opinión y decidió confesar en el Tribunal Supremo unos días después.
El abogado José Aníbal Álvarez, que representaba a Ábalos, había propuesto una nueva jugada arriesgada: la renuncia del exministro para tratar de alejarse del Tribunal Supremo. Sin embargo, Ábalos rechazó esa propuesta.
La salida del letrado José Antonio Choclán se utilizó como colofón para acelerar aún más la caída del exministro. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y seis meses para su "alter ego" y solo 7 para Víctor de Aldama, quien colaboró con la Justicia casi desde el principio.
El caso del pelotazo de las mascarillas sigue sin resolver. La causa se trasladará a la Audiencia Nacional si Ábalos renuncia al escaño, lo que habría ralentizado aún más la instrucción de la causa. El futuro judicial del exministro incluye penas "en su mínima extensión legal" que implicarían "una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión".
El abogado José Aníbal Álvarez, que representaba a Ábalos, había propuesto una nueva jugada arriesgada: la renuncia del exministro para tratar de alejarse del Tribunal Supremo. Sin embargo, Ábalos rechazó esa propuesta.
La salida del letrado José Antonio Choclán se utilizó como colofón para acelerar aún más la caída del exministro. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y seis meses para su "alter ego" y solo 7 para Víctor de Aldama, quien colaboró con la Justicia casi desde el principio.
El caso del pelotazo de las mascarillas sigue sin resolver. La causa se trasladará a la Audiencia Nacional si Ábalos renuncia al escaño, lo que habría ralentizado aún más la instrucción de la causa. El futuro judicial del exministro incluye penas "en su mínima extensión legal" que implicarían "una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión".