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El Tribunal Constitucional confirma la tutela judicial efectiva del padre de una persona con discapacidad intelectual que falleció en circunstancias sospechosas. La Sala Segunda, presidida por Ramón Sáez Valcárcel, ha estimado un recurso de amparo presentado por la madre, cuyo hijo fue encontrado muerto en el mar sin identificar inicialmente.
La decisión del tribunal reconoce que el deber de investigación suficiente y eficaz de las denuncias vinculadas con la muerte de personas se extiende a los supuestos de muerte de una persona en circunstancias que puedan resultar sospechosas, es decir, no atribuidas a una muerte natural. También cuando haya indicios de la posible comisión de un delito contra la vida, aun cuando el presunto autor del ataque no sea un agente estatal.
La sentencia identifica como cuestión constitucional la especificidad del derecho de acceso a la jurisdicción penal como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva cuando se investiga una muerte sospechosa. El Tribunal Constitucional reitera que el deber de investigación suficiente y eficaz de las denuncias vinculadas con la muerte de personas debe realizarse en todo caso, sin perjuicio de que luego se refute la hipótesis de que se trata de una muerte sospechosa.
La Sala Segunda también aprecia que el fallecimiento presentaba elementos que permitían caracterizarlo como sospechoso o obligaban a dilucidar si se trataba de una muerte en circunstancias sospechosas. En este sentido, se consideran activadas las exigencias de celeridad, impulso oficial y adecuación de la investigación.
La decisión del tribunal provoca la anulación de los autos del Juzgado de Instrucción 7 de Figueres y de la Audiencia Provincial de Girona, así como la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al primero de ellos para que el Juzgado proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado. Esto significa que el caso debe volver a ser investigado con mayor eficacia y celeridad, y sin perjuicio de refutar la hipótesis de que se trata de una muerte sospechosa.
En este contexto, la madre de la persona con discapacidad intelectual tiene derecho a una investigación más exhaustiva sobre los eventos que rodearon el fallecimiento de su hijo. La decisión del Tribunal Constitucional confirma el derecho a la tutela judicial efectiva y reconoce la importancia de realizar investigaciones adecuadas en casos de muerte sospechosa, sin importar la naturaleza o el estado de las circunstancias que rodean el fallecimiento.
La decisión del tribunal reconoce que el deber de investigación suficiente y eficaz de las denuncias vinculadas con la muerte de personas se extiende a los supuestos de muerte de una persona en circunstancias que puedan resultar sospechosas, es decir, no atribuidas a una muerte natural. También cuando haya indicios de la posible comisión de un delito contra la vida, aun cuando el presunto autor del ataque no sea un agente estatal.
La sentencia identifica como cuestión constitucional la especificidad del derecho de acceso a la jurisdicción penal como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva cuando se investiga una muerte sospechosa. El Tribunal Constitucional reitera que el deber de investigación suficiente y eficaz de las denuncias vinculadas con la muerte de personas debe realizarse en todo caso, sin perjuicio de que luego se refute la hipótesis de que se trata de una muerte sospechosa.
La Sala Segunda también aprecia que el fallecimiento presentaba elementos que permitían caracterizarlo como sospechoso o obligaban a dilucidar si se trataba de una muerte en circunstancias sospechosas. En este sentido, se consideran activadas las exigencias de celeridad, impulso oficial y adecuación de la investigación.
La decisión del tribunal provoca la anulación de los autos del Juzgado de Instrucción 7 de Figueres y de la Audiencia Provincial de Girona, así como la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al primero de ellos para que el Juzgado proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado. Esto significa que el caso debe volver a ser investigado con mayor eficacia y celeridad, y sin perjuicio de refutar la hipótesis de que se trata de una muerte sospechosa.
En este contexto, la madre de la persona con discapacidad intelectual tiene derecho a una investigación más exhaustiva sobre los eventos que rodearon el fallecimiento de su hijo. La decisión del Tribunal Constitucional confirma el derecho a la tutela judicial efectiva y reconoce la importancia de realizar investigaciones adecuadas en casos de muerte sospechosa, sin importar la naturaleza o el estado de las circunstancias que rodean el fallecimiento.