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El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a una deuda millonaria por indemnización urbanística tras la desestimación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La ciudad debe pagar 333 millones de euros a dos mercantiles del empresario Francisco Murcia Puchades, lo que puede hundir sus cuentas.
La sentencia del Tribunal Supremo previamente había marcado el límite para el recurso del gobierno local, y ahora la desestimación del Constitucional anuncia que Benidorm no podrá evitar pagar esta deuda. El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano.
En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural. El convenio se mantuvo vigente durante varios años, pero en 2015, el actual alcalde Toni Pérez promovió un cambio radical de posición y buscó anular el convenio. Sin embargo, la justicia ha ido acumulando fallos en sentido contrario.
La brecha entre la realidad judicial y la planificación económica es alarmante. El concejal socialista Sergi Castillo advierte que la intervención del Estado requeriría un plan de ajuste con restricciones severas, lo que podría afectar a los ciudadanos. La solución más realista pasa por la intervención de una administración superior, lo que implicaría que el Estado tuviera que rescatar al Ayuntamiento de Benidorm.
El alcalde Toni Pérez califica la situación de "preocupante" y asegura que Benidorm es capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea. Sin embargo, el origen del conflicto se remonta a muchos años atrás, cuando el gobierno local decidió transformar activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.
La deuda millonaria es un problema grave que puede hundir las cuentas del Ayuntamiento. La justicia ha determinado finalmente que Benidorm debe responder patrimonialmente por estas decisiones, lo que significa que la ciudad tendrá que pagar una indemnización urbanística disparatada.
La sentencia del Tribunal Supremo previamente había marcado el límite para el recurso del gobierno local, y ahora la desestimación del Constitucional anuncia que Benidorm no podrá evitar pagar esta deuda. El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano.
En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural. El convenio se mantuvo vigente durante varios años, pero en 2015, el actual alcalde Toni Pérez promovió un cambio radical de posición y buscó anular el convenio. Sin embargo, la justicia ha ido acumulando fallos en sentido contrario.
La brecha entre la realidad judicial y la planificación económica es alarmante. El concejal socialista Sergi Castillo advierte que la intervención del Estado requeriría un plan de ajuste con restricciones severas, lo que podría afectar a los ciudadanos. La solución más realista pasa por la intervención de una administración superior, lo que implicaría que el Estado tuviera que rescatar al Ayuntamiento de Benidorm.
El alcalde Toni Pérez califica la situación de "preocupante" y asegura que Benidorm es capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea. Sin embargo, el origen del conflicto se remonta a muchos años atrás, cuando el gobierno local decidió transformar activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.
La deuda millonaria es un problema grave que puede hundir las cuentas del Ayuntamiento. La justicia ha determinado finalmente que Benidorm debe responder patrimonialmente por estas decisiones, lo que significa que la ciudad tendrá que pagar una indemnización urbanística disparatada.