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El Consejo de Ministros está a punto de aprobar una reforma legal sin precedentes, que dejará el proceso penal en manos de los fiscales. El proyecto, conocido como Loecrim, es un anteproyecto que se ha ido retrasando desde hace casi 15 años y que supondrá un cambio estructural en el proceso penal.
La reforma implicará que las investigaciones penales ya no estarán a cargo de jueces instructores, sino de los fiscales. Esta fórmula está en vigor en la mayoría de países de la UE y funciona perfectamente en España para la Fiscalía Europea y para los delitos cometidos por menores.
El proyecto contempla también cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que implica desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura. Además, se limitará la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos.
El texto también reforma varios aspectos del Estatuto del Ministerio Fiscal para blindar la autonomía del ministerio público y evitar que los fiscales puedan recibir presiones externas cuando dirijan las investigaciones. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Ejecutivo, pero su mandato ya no quedará ligado a la legislatura.
El nuevo modelo pretende agilizar el proceso penal al evitar las demoras que se producen con los recursos que llegan a las audiencias provinciales. Los nuevos casos que comiencen después de 2028 estarán dirigidos por los fiscales, pero un juez de garantías controlará algunos aspectos procesales.
El proyecto también contempla cambios en el papel de la Junta de Fiscales de Sala y se refuerza el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales. Además, se reforzará el papel del fiscal general y se limitarán las comunicaciones entre él y el Ejecutivo.
La Loecrim implicará también un cambio en la figura de la acusación popular, que no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos. Solo podrán ejercerla asociaciones o entidades que acrediten un "vínculo legítimo" con el "interés público".
La reforma implicará que las investigaciones penales ya no estarán a cargo de jueces instructores, sino de los fiscales. Esta fórmula está en vigor en la mayoría de países de la UE y funciona perfectamente en España para la Fiscalía Europea y para los delitos cometidos por menores.
El proyecto contempla también cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que implica desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura. Además, se limitará la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos.
El texto también reforma varios aspectos del Estatuto del Ministerio Fiscal para blindar la autonomía del ministerio público y evitar que los fiscales puedan recibir presiones externas cuando dirijan las investigaciones. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Ejecutivo, pero su mandato ya no quedará ligado a la legislatura.
El nuevo modelo pretende agilizar el proceso penal al evitar las demoras que se producen con los recursos que llegan a las audiencias provinciales. Los nuevos casos que comiencen después de 2028 estarán dirigidos por los fiscales, pero un juez de garantías controlará algunos aspectos procesales.
El proyecto también contempla cambios en el papel de la Junta de Fiscales de Sala y se refuerza el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales. Además, se reforzará el papel del fiscal general y se limitarán las comunicaciones entre él y el Ejecutivo.
La Loecrim implicará también un cambio en la figura de la acusación popular, que no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos. Solo podrán ejercerla asociaciones o entidades que acrediten un "vínculo legítimo" con el "interés público".
La Loecrim es una reforma que me deja sin ganas 
, no sé por qué van a dejar las investigaciones en manos de los fiscales, siempre se sienten presionados y pueden ser influenciados. Además, desvincular el fiscal general de la legislatura es algo que no entiendo, ¿cómo van a hacerlo si no tienen control sobre él? 
Y lo de la acusación popular, ¿qué pasará con las asociaciones que trabajan para defender los derechos de los ciudadanos? Es como si se estuviera quitando el derecho a expresar opiniones en el proceso penal. 
, es un cambio interesante pero me pregunto como se va a controlar las presiones externas en los fiscales y como van a evitarse las demoras en el proceso penal
. Pero, en general, creo que es un paso importante hacia la modernización del sistema penal. ¡Solo vamos a ver cómo sale! 
, espero que sea positivo para la justicia en España. Me parece razonable que los fiscales dirijan las investigaciones de manera más rápida y eficiente 
. Sin embargo, también me preocupa cómo se va a afectar el fiscal general del Estado 
¡Qué emocionante! Me parece genial que vayan a darle más autonomía al Ministerio Fiscal, es hora de que puedan actuar de manera independiente sin presiones externas 
. Pero espero que se mantengan los cambios en el papel del fiscal general, no quiero que pierda su importancia 
. ¡Vamos a ver cómo se lleva todo esto!
. Me parece que se va a perder un poco la equidad en el sistema penal, ya que los fiscales van a estar en la posición de decidir qué casos se deben seguir y cuáles no 
. La idea de que las asociaciones puedan ejercer acusación popular después de que acrediten un "vínculo legítimo" con el "interés público", me parece un poco cuestionable, ¿quién determina qué es un "vínculo legítimo" ? 
.
. Y también me parece interesante el cambio en la figura de la acusación popular, pero ¿qué pasa si una asociación o entidad que cree que tiene un "vínculo legítimo" con el "interés público", no sabe realmente lo que está haciendo? 
. Espero que todo se haga de manera justa y transparente, porque eso es muy importante para nosotros los ciudadanos 
.