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El Congreso aprueba prohibir las llamadas 'spam' identificadas con un prefijo específico. La medida se ha incluido en el proyecto de ley impulsado por Pablo Bustinduy y ahora encarrilada en la fase final de tramitación.
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo votó a favor de la enmienda que prohíbe cualquier llamada 'spam' que no vaya identificada con un prefijo específico, de manera conjunta con el PP, ERC y Junts. El proyecto de ley ha recibido 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.
Las empresas telefónicas deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no usen ese código numérico específico que las identifique como llamadas 'spam'. Fuentes parlamentarias justifican la medida por considerar que dicha práctica supone entrar en el contenido de la llamada.
El PSOE votó en contra de la enmienda, argumentando que las compañías telefónicas no pueden bloquear una llamada que usa una numeración general, aunque el motivo sea comercial. Para ellos, esto implicaría "interferir en el derecho al secreto de las comunicaciones" lo cual es inconstitucional.
Además, se han incorporado otras medidas al texto, como regular las renovaciones automáticas de contratos no deseadas, poner coto a las reseñas falsas online y incluir los gastos de gestión en el precio definitivo de servicios.
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo votó a favor de la enmienda que prohíbe cualquier llamada 'spam' que no vaya identificada con un prefijo específico, de manera conjunta con el PP, ERC y Junts. El proyecto de ley ha recibido 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.
Las empresas telefónicas deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no usen ese código numérico específico que las identifique como llamadas 'spam'. Fuentes parlamentarias justifican la medida por considerar que dicha práctica supone entrar en el contenido de la llamada.
El PSOE votó en contra de la enmienda, argumentando que las compañías telefónicas no pueden bloquear una llamada que usa una numeración general, aunque el motivo sea comercial. Para ellos, esto implicaría "interferir en el derecho al secreto de las comunicaciones" lo cual es inconstitucional.
Además, se han incorporado otras medidas al texto, como regular las renovaciones automáticas de contratos no deseadas, poner coto a las reseñas falsas online y incluir los gastos de gestión en el precio definitivo de servicios.