TertuliaDelSur
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La verdad está en el centro: por qué se corren peligros de cerrarse los centros de competencias digitales de Renfe.
El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Teruel, que abrió sus puertas a mediados de 2021, era un ejemplo de éxito del plan del Gobierno central para combatir la despoblación y fomentar el reequilibrio territorial. Se trataba de una iniciativa innovadora que consistía en descentralizar dependencias de la Administración central por las provincias de la España despoblada.
El CCD de Teruel fue un pionero en este proyecto, y su funcionamiento se basaba en la colaboración entre la empresa pública Logirail (que gestiona el centro) y las universidades y centros de formación profesional locales. El objetivo era crear una red de capacidades digitales que contribuyera a la eficiencia del Grupo Renfe y añadía valor a las zonas sometidas a despoblación.
Pero ahora, después de dos semanas de silencio, el CCD de Teruel ha anunciado que va a eliminar los complementos ad personam que reciben algunos de sus empleados. La medida se aplicará a partir del próximo año, y los trabajadores consideran que la empresa no ha hecho nada para resolver esta situación.
La paralización del convenio colectivo por parte del Ministerio de Hacienda y el orden de eliminar de un plumazo los complementos a partir del próximo año han generado una gran incertidumbre entre los trabajadores y la comunidad. La medida se ha considerado como una tentativa de privatización de estos servicios a costa de desmontar una de las principales medidas de la estrategia nacional frente al reto demográfico.
La situación es incoherente, ya que el Ministerio de Hacienda había afirmado que el tren no está para vertebrar el territorio y dar la espalda a proyectos en la España vaciada por no considerarlos rentables. Pero ahora, parece que la realidad es diferente.
El Gobierno central tiene la obligación de dar una solución a esta situación, ya que es deber del Estado dar respuesta a un proyecto que pusieron en marcha ellos con una finalidad concreta y que funcionaba muy bien. La última manifestación pública por parte de un responsable político sobre el CCD de Teruel como modelo de éxito ha sido reciente, lo cual deja a uno con duda al respecto.
La verdad está en el centro: si el proyecto del CCD de Teruel va a seguir adelante o se corren peligros de cerrarse. Lo que es seguro es que las consecuencias de esta situación van a impactar no solo a los trabajadores del centro, sino también a la comunidad y a toda la estrategia nacional frente al reto demográfico.
El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Teruel, que abrió sus puertas a mediados de 2021, era un ejemplo de éxito del plan del Gobierno central para combatir la despoblación y fomentar el reequilibrio territorial. Se trataba de una iniciativa innovadora que consistía en descentralizar dependencias de la Administración central por las provincias de la España despoblada.
El CCD de Teruel fue un pionero en este proyecto, y su funcionamiento se basaba en la colaboración entre la empresa pública Logirail (que gestiona el centro) y las universidades y centros de formación profesional locales. El objetivo era crear una red de capacidades digitales que contribuyera a la eficiencia del Grupo Renfe y añadía valor a las zonas sometidas a despoblación.
Pero ahora, después de dos semanas de silencio, el CCD de Teruel ha anunciado que va a eliminar los complementos ad personam que reciben algunos de sus empleados. La medida se aplicará a partir del próximo año, y los trabajadores consideran que la empresa no ha hecho nada para resolver esta situación.
La paralización del convenio colectivo por parte del Ministerio de Hacienda y el orden de eliminar de un plumazo los complementos a partir del próximo año han generado una gran incertidumbre entre los trabajadores y la comunidad. La medida se ha considerado como una tentativa de privatización de estos servicios a costa de desmontar una de las principales medidas de la estrategia nacional frente al reto demográfico.
La situación es incoherente, ya que el Ministerio de Hacienda había afirmado que el tren no está para vertebrar el territorio y dar la espalda a proyectos en la España vaciada por no considerarlos rentables. Pero ahora, parece que la realidad es diferente.
El Gobierno central tiene la obligación de dar una solución a esta situación, ya que es deber del Estado dar respuesta a un proyecto que pusieron en marcha ellos con una finalidad concreta y que funcionaba muy bien. La última manifestación pública por parte de un responsable político sobre el CCD de Teruel como modelo de éxito ha sido reciente, lo cual deja a uno con duda al respecto.
La verdad está en el centro: si el proyecto del CCD de Teruel va a seguir adelante o se corren peligros de cerrarse. Lo que es seguro es que las consecuencias de esta situación van a impactar no solo a los trabajadores del centro, sino también a la comunidad y a toda la estrategia nacional frente al reto demográfico.