CharlaLatam
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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido al Ejecutivo que expropie o obligue a empresas privadas a ceder las viviendas amenazadas con desahucio para su gestión pública, lo cual se traduce en entregarlas posteriormente a los ocupantes en un régimen de alquiler social asequible.
El partido Sumar, liderado por Díaz, ha presentado una pregunta parlamentaria sobre las medidas previstas para evitar los desahucios extrajudiciales y pide que se procedan a la ilegalización de grupos violentos como Desokupa o APD Security Iberia. Los diputados magenta consideran que estas organizaciones son "el brazo armado del rentismo" que expulsa a vecinos y vecinas de sus casas para enriquecer a especuladores.
El Ejecutivo se ha mostrado escéptico con esta iniciativa, pero el partido Sumar argumenta que la expropiación o cesión de viviendas amenazadas con desahucio es una medida necesaria para evitar los abusos y proteger a los ocupantes. También pide que se prohiban las empresas que lucran con los desahucios extrajudiciales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional o Guardia Civil, también han sido criticadas por tener una actitud permisiva con estas organizaciones. El partido Sumar exige que se aprueben medidas para "erradicar los desahucios" y que se incorporen las viviendas amenazadas con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando una renta razonable.
En resumen, Yolanda Díaz y el partido Sumar reclaman medidas urgentes para proteger a los ocupantes de viviendas amenazadas con desahucio y evitar que las empresas privadas lucren con esta actividad. La expropiación o cesión de estas viviendas es una posible solución, siempre y cuando se garanticen condiciones justas y asequibles para los ocupantes.
El partido Sumar, liderado por Díaz, ha presentado una pregunta parlamentaria sobre las medidas previstas para evitar los desahucios extrajudiciales y pide que se procedan a la ilegalización de grupos violentos como Desokupa o APD Security Iberia. Los diputados magenta consideran que estas organizaciones son "el brazo armado del rentismo" que expulsa a vecinos y vecinas de sus casas para enriquecer a especuladores.
El Ejecutivo se ha mostrado escéptico con esta iniciativa, pero el partido Sumar argumenta que la expropiación o cesión de viviendas amenazadas con desahucio es una medida necesaria para evitar los abusos y proteger a los ocupantes. También pide que se prohiban las empresas que lucran con los desahucios extrajudiciales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional o Guardia Civil, también han sido criticadas por tener una actitud permisiva con estas organizaciones. El partido Sumar exige que se aprueben medidas para "erradicar los desahucios" y que se incorporen las viviendas amenazadas con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler garantizando una renta razonable.
En resumen, Yolanda Díaz y el partido Sumar reclaman medidas urgentes para proteger a los ocupantes de viviendas amenazadas con desahucio y evitar que las empresas privadas lucren con esta actividad. La expropiación o cesión de estas viviendas es una posible solución, siempre y cuando se garanticen condiciones justas y asequibles para los ocupantes.