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"Escándalo en Alicante: El PSPV denuncia cinco delitos en el caso de las viviendas protegidas y busca claridad sobre la gestión del alcalde Luis Barcala"
El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de esclarecer los presuntos delitos cometidos durante la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado la situación como "lamentable" y ha recordado que actualmente existen más de 5.400 familias esperando acceder a una vivienda pública.
El escándalo salpica a figuras clave del Ayuntamiento, incluyendo a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio. También se afecta a familiares directos de la exdirectora general nombrada por el propio alcalde.
Según los denunciantes, se habría incurrido en una serie de delitos, entre ellos la prevaricación administrativa, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, el conflicto de intereses, la estafa y el fraude a la Administración. El PSPV busca saber por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.
La denuncia también busca esclarecer quién ha beneficiado directamente del caso, incluyendo a figuras clave de la gestión municipal y sus familiares. El PSPV exige que se convoque un pleno extraordinario del consistorio y que se ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el suelo municipal acabó siendo utilizado para favorecer a los propios gestores.
"La situación es grave", ha recordado Ana Barceló, "y no podemos permitir que las familias esperen acceder a viviendas públicas mientras se investiga quién ha beneficiado del caso".
El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de esclarecer los presuntos delitos cometidos durante la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha calificado la situación como "lamentable" y ha recordado que actualmente existen más de 5.400 familias esperando acceder a una vivienda pública.
El escándalo salpica a figuras clave del Ayuntamiento, incluyendo a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a un arquitecto municipal vinculado técnicamente al consistorio. También se afecta a familiares directos de la exdirectora general nombrada por el propio alcalde.
Según los denunciantes, se habría incurrido en una serie de delitos, entre ellos la prevaricación administrativa, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, el conflicto de intereses, la estafa y el fraude a la Administración. El PSPV busca saber por qué el patrimonio municipal acabó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.
La denuncia también busca esclarecer quién ha beneficiado directamente del caso, incluyendo a figuras clave de la gestión municipal y sus familiares. El PSPV exige que se convoque un pleno extraordinario del consistorio y que se ponga en marcha una comisión de investigación para que la ciudadanía sepa por qué el suelo municipal acabó siendo utilizado para favorecer a los propios gestores.
"La situación es grave", ha recordado Ana Barceló, "y no podemos permitir que las familias esperen acceder a viviendas públicas mientras se investiga quién ha beneficiado del caso".