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El gobierno presenta una reforma constitucional que busca incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna, un propósito que el PSOE ha guardado en secreto durante semanas. El anteproyecto de reforma fue aprobado por el Consejo de Ministros y introduce un punto nuevo en el artículo 43 de la Constitución, relativo al derecho a la salud.
Sin embargo, varios juristas constitucionalistas consultados por <i>20minutos</i> consideran que esta fórmula jurídica es "un disparate" que no blinda adecuadamente el aborto. Según Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, al ubicarlo en el artículo 43, dejaría de tener la relevancia que ya le ha dado el Tribunal Constitucional.
"Si se quiere darle más consistencia al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no es la vía adecuada. Me atrevería a decir que lo coloca en una posición peor a la que tiene ahora", sostiene Presno. La única forma de blindar el derecho al aborto, según los expertos, sería incluirlo como un derecho fundamental de la Carta Magna.
La iniciativa se presenta como un escudo constitucional para "evitar retrocesos" en los derechos de las mujeres, pero los expertos temen que el efecto real sea el contrario. Carlos Vidal, catedrático y director del departamento de Derecho Constitucional en la UNED, cree que esta reforma es una pura reforma simbólica para salir del paso.
"Creo que es una pura reforma simbólica para salir del paso, porque desde el punto de view jurídico no tiene ninguna eficacia. Han buscado una solución para dar satisfacción al compromiso que habían dicho que iban a hacer", sostiene Vidal.
El gobierno defiende su reforma como un medio para evitar retrocesos en los derechos de las mujeres, pero los expertos creen que esto es una forma de mantener el tema en el debate público durante el mayor tiempo posible. "Lo único que persiguen es mantener el tema en el debate público durante el mayor tiempo posible", concluye Miguel Presno.
La reforma se erige más como un contraataque político a la oposición que como una voluntad real de blindar el derecho al aborto en España. El gobierno pide al Partido Popular que permita a sus diputados libertad de voto a la hora de votar la reforma, pero es probable que la reforma no salga adelante sin el apoyo del PP.
Sin embargo, varios juristas constitucionalistas consultados por <i>20minutos</i> consideran que esta fórmula jurídica es "un disparate" que no blinda adecuadamente el aborto. Según Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, al ubicarlo en el artículo 43, dejaría de tener la relevancia que ya le ha dado el Tribunal Constitucional.
"Si se quiere darle más consistencia al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no es la vía adecuada. Me atrevería a decir que lo coloca en una posición peor a la que tiene ahora", sostiene Presno. La única forma de blindar el derecho al aborto, según los expertos, sería incluirlo como un derecho fundamental de la Carta Magna.
La iniciativa se presenta como un escudo constitucional para "evitar retrocesos" en los derechos de las mujeres, pero los expertos temen que el efecto real sea el contrario. Carlos Vidal, catedrático y director del departamento de Derecho Constitucional en la UNED, cree que esta reforma es una pura reforma simbólica para salir del paso.
"Creo que es una pura reforma simbólica para salir del paso, porque desde el punto de view jurídico no tiene ninguna eficacia. Han buscado una solución para dar satisfacción al compromiso que habían dicho que iban a hacer", sostiene Vidal.
El gobierno defiende su reforma como un medio para evitar retrocesos en los derechos de las mujeres, pero los expertos creen que esto es una forma de mantener el tema en el debate público durante el mayor tiempo posible. "Lo único que persiguen es mantener el tema en el debate público durante el mayor tiempo posible", concluye Miguel Presno.
La reforma se erige más como un contraataque político a la oposición que como una voluntad real de blindar el derecho al aborto en España. El gobierno pide al Partido Popular que permita a sus diputados libertad de voto a la hora de votar la reforma, pero es probable que la reforma no salga adelante sin el apoyo del PP.