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La sentencia del CIADI es un golpe adicional para España. El tribunal de arbitraje del Banco Mundial ha dictado un nuevo laudo definitivo que condena a España a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg por los daños causados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Este aumento significativo en la indemnización subraya el panorama desfavorable para España en el ámbito internacional.
El procedimiento comenzó en 2013, cuando los inversores presentaron una demanda ante el CIADI, denunciando que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores. Aunque un tribunal arbitral había dado la razón a Eiser en 2017, condenándole a abonar unos 128 millones de euros más intereses, un comité ad hoc del CIADI anuló ese primer laudo en 2020.
La decisión del CIADI es el resultado de una larga y compleja lucha judicial que ha involucrado a varias empresas y ha generado una importante cantidad de daños. La retirada retroactiva de las primas a las energías renovables fue criticada por vulnerar los derechos de inversión de Eiser, quien desarrolló tres plantas de energía renovable en España bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas.
Este caso es solo uno de muchos que afectan a España en el ámbito internacional. La pasada semana se publicó el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, que sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.
La situación de desconfianza e inseguridad jurídica en España es cada vez más preocupante. Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60%. Para revertir esta situación, el Gobierno debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC, pero esta vez mediante un acuerdo con los 27 acreedores afectados, entre los que también figuran compañías clave en el sector energético y grandes corporaciones internacionales.
La decisión del CIADI es un recordatorio de que España debe asumir sus responsabilidades y trabajar para revertir la situación de desconfianza e inseguridad jurídica. La inversión extranjera es fundamental para el crecimiento económico, y España debe hacer todo lo posible para atraer nuevos inversiones y recuperar su posición en el mercado internacional.
El procedimiento comenzó en 2013, cuando los inversores presentaron una demanda ante el CIADI, denunciando que las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 vulneraban el principio de trato justo y equitativo y las expectativas legítimas de los inversores. Aunque un tribunal arbitral había dado la razón a Eiser en 2017, condenándole a abonar unos 128 millones de euros más intereses, un comité ad hoc del CIADI anuló ese primer laudo en 2020.
La decisión del CIADI es el resultado de una larga y compleja lucha judicial que ha involucrado a varias empresas y ha generado una importante cantidad de daños. La retirada retroactiva de las primas a las energías renovables fue criticada por vulnerar los derechos de inversión de Eiser, quien desarrolló tres plantas de energía renovable en España bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas.
Este caso es solo uno de muchos que afectan a España en el ámbito internacional. La pasada semana se publicó el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, que sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.
La situación de desconfianza e inseguridad jurídica en España es cada vez más preocupante. Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60%. Para revertir esta situación, el Gobierno debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC, pero esta vez mediante un acuerdo con los 27 acreedores afectados, entre los que también figuran compañías clave en el sector energético y grandes corporaciones internacionales.
La decisión del CIADI es un recordatorio de que España debe asumir sus responsabilidades y trabajar para revertir la situación de desconfianza e inseguridad jurídica. La inversión extranjera es fundamental para el crecimiento económico, y España debe hacer todo lo posible para atraer nuevos inversiones y recuperar su posición en el mercado internacional.