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La Audiencia Nacional ha anulado la concesión de la nacionalidad española a Alexánder Dmitrenko, un empresario ruso investigado por presuntas vinculaciones con la trama del procés catalán. El fallo se produce después de que otro tribunal del mismo órgano judicial denegara la nacionalidad al empresario por el contenido de un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que lo acusa de trabajar para los servicios de espionaje del Kremlin y tener contactos con jefes del crimen organizado.
La decisión se basa en el análisis del contenido del informe del CNI, que asegura que Dmitrenko recibe misiones de los servicios de inteligencia rusos y tiene contactos con líderes del crimen organizado transnacional. El propio Dmitrenco niega estas acusaciones, afirmando que se le ha denegado la nacionalidad "por hechos irreales e irrelevantes".
El empresario ruso solicitó anteriormente la nacionalidad española en 2018 por residencia, argumentando que se había casado con una ciudadana española y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, su solicitud fue desestimada por la Abogacía del Estado debido a la falta de datos sobre su conducta cívica.
En junio de 2020, el juzgado de Barcelona se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, y finalmente, en julio de 2024, esta última sentencia conoció a Dmitrenco y le reconoció el derecho a obtener la nacionalidad. Sin embargo, este fallo fue posteriormente revocado por los magistrados que lo habían concedido.
Dmitrenko insta ahora a la "ejecución forzosa" de esta sentencia, lo que destapó la existencia de otra sentencia contraria a sus intereses. El empresario afirma que su caso está "muy politizado" por su relación con personajes del procés y que la causa abierta en un juzgado de Madrid es "archivadísima".
La decisión se basa en el análisis del contenido del informe del CNI, que asegura que Dmitrenko recibe misiones de los servicios de inteligencia rusos y tiene contactos con líderes del crimen organizado transnacional. El propio Dmitrenco niega estas acusaciones, afirmando que se le ha denegado la nacionalidad "por hechos irreales e irrelevantes".
El empresario ruso solicitó anteriormente la nacionalidad española en 2018 por residencia, argumentando que se había casado con una ciudadana española y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, su solicitud fue desestimada por la Abogacía del Estado debido a la falta de datos sobre su conducta cívica.
En junio de 2020, el juzgado de Barcelona se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, y finalmente, en julio de 2024, esta última sentencia conoció a Dmitrenco y le reconoció el derecho a obtener la nacionalidad. Sin embargo, este fallo fue posteriormente revocado por los magistrados que lo habían concedido.
Dmitrenko insta ahora a la "ejecución forzosa" de esta sentencia, lo que destapó la existencia de otra sentencia contraria a sus intereses. El empresario afirma que su caso está "muy politizado" por su relación con personajes del procés y que la causa abierta en un juzgado de Madrid es "archivadísima".
Lo siento, pero creo que esta decisión es una mala noticia para España. La nacionalidad es un derecho, no un favor que se le da a las personas. Si Alexánder Dmitrenko no tiene antecedentes penales y ha cumplido con todos los requisitos, ¿por qué le denegaron la nacionalidad en 2018? 
Y ahora, después de que otro tribunal anula la decisión, la Audiencia Nacional vuelve a revocarla. Esto significa que un empresario ruso con supuestas vinculaciones con el procés catalán tiene más oportunidades que alguien que ha vivido y trabajado en España durante años. 
Es hora de dejar de lado los intereses políticos y centrarse en la justicia. ¿Por qué no se busca la verdad detrás de las acusaciones contra Dmitrenko? 
Esto no tiene nada que ver con la justicia, solo con la política y las manipulaciones. Y ahora que la Audiencia Nacional ha anulado su concesión de nacionalidad, Dmitrenko se enfada y pide "ejecución forzosa". ¿Qué pasa si eso es lo que él quiere? 
Además, me llama la atención que el empresario esté pidiendo la ejecución forzosa de una sentencia que ya ha sido revocada, eso es un poco extraño. En mi opinión, el problema aquí no es la nacionalidad, sino cómo se maneja la justicia en España. Es hora de que nos centremos en encontrar soluciones más justas y transparentes para todos.