La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) ha emitido una decisión histórica que considera como "tortura" las pruebas genitales forzadas a dos jóvenes egipcias, Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman. Estas prácticas fueron llevadas a cabo en 2011 durante la represión militar en Egipto después de la caída del expresidente Hosni Mubarak.
Durante las protestas en la plaza Tahrir, ambos fueron detenidas por soldados y sometidas a pruebas genitales forzadas. El caso de Mahmoud se inició en 2011 con una denuncia ante la fiscalía militar, pero el proceso recayó sobre el tribunal militar supremo del país que la absolvió de todos los cargos. En julio de ese año, otra joven fue detenida y sometida a las mismas prácticas.
A pesar de que el caso había sido llevado ante la CADHP en 2012, la Comisión no tomó medidas inmediatas hasta noviembre del pasado año, cuando se dictaminó que Egipto debía juzgar a los presuntos autores y indemnizar a las víctimas. La comisión ha instado al país a investigar y juzgar a los responsables de estas violaciones.
El caso es considerado un precedente importante en el sistema africano, ya que es el primero en analizar la práctica de las inspecciones vaginales forzadas en contextos de detención. La CADHP ha pedido al país que incluya garantías estrictas en sus procedimientos penitenciarios militares para proteger los derechos y la integridad física de las personas presas.
Aunque Egipto está obligado a cumplir con esta decisión, debido a su ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos, el país ha demostrado una falta de compromiso con la implementación de estas recomendaciones.
Durante las protestas en la plaza Tahrir, ambos fueron detenidas por soldados y sometidas a pruebas genitales forzadas. El caso de Mahmoud se inició en 2011 con una denuncia ante la fiscalía militar, pero el proceso recayó sobre el tribunal militar supremo del país que la absolvió de todos los cargos. En julio de ese año, otra joven fue detenida y sometida a las mismas prácticas.
A pesar de que el caso había sido llevado ante la CADHP en 2012, la Comisión no tomó medidas inmediatas hasta noviembre del pasado año, cuando se dictaminó que Egipto debía juzgar a los presuntos autores y indemnizar a las víctimas. La comisión ha instado al país a investigar y juzgar a los responsables de estas violaciones.
El caso es considerado un precedente importante en el sistema africano, ya que es el primero en analizar la práctica de las inspecciones vaginales forzadas en contextos de detención. La CADHP ha pedido al país que incluya garantías estrictas en sus procedimientos penitenciarios militares para proteger los derechos y la integridad física de las personas presas.
Aunque Egipto está obligado a cumplir con esta decisión, debido a su ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos, el país ha demostrado una falta de compromiso con la implementación de estas recomendaciones.