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Hoy, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) ha dictaminado que el test forzado de virginidad practicado con Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman en Egipto es una forma de tortura. Esta decisión, publicada recientemente, confirma lo que muchas víctimas han estado denunciando durante años: la práctica de estas exámenes genitales forzados es un agravio a los derechos humanos y constituye una violación de las libertades y dignidad de las mujeres.
Según la Comisión, Egipto no investigó estos hechos ni enjuició a sus autores. La organización ha exhortado al país a juzgar a los presuntos autores y a indemnizar a las víctimas con una suma simbólica. También ha requerido que Egipto erradique esta práctica y reforme su código de procedimientos penitenciarios militares para incluir garantías estrictas.
Esta decisión es especialmente trascendental en el contexto africano, ya que se trata del primer caso en el que la CADHP analiza esta práctica. Ambas organizaciones celebran esta decisión y consideran que establece un precedente importante para la protección de los derechos humanos en África.
Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman fueron detenidas separadamente por soldados cerca de la plaza Tahrir en El Cairo, tras haber participado en una sentada pacífica para exigir una nueva Constitución y la destitución del primer ministro. Fueron sometidas a exámenes genitales forzados y llamadas "putas" repetidamente.
Alejandra Vicente, directora jurídica de REDRESS, considera que esta decisión es "muy trascendental porque establece claramente que el test forzado de virginidad es una violación sexual y una forma de tortura". La organización también destaca que esta práctica refuerza los estereotipos de desigualdad de género.
Lobna Darwish, directora del programa de derechos de la mujer y de género de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, valora esta decisión como "muy positiva" porque establece un precedente importante en el contexto africano. También destaca que esta decisión le devolvió a las denunciantes el derecho a plantear de nuevo su caso y a saber que siempre tuvieron razón.
La Comisión Africana ha recomendado que Egipto juzgue a los presuntos autores de estos hechos y que adopte reformas para erradicar esta práctica. También ha instado al país a otorgar jurisdicción exclusiva al circuito legal civil para investigar y juzgar denuncias de violaciones cometidas por personal militar contra civiles.
En general, esta decisión es un paso importante hacia la protección de los derechos humanos en Egipto y en el continente africano.
Según la Comisión, Egipto no investigó estos hechos ni enjuició a sus autores. La organización ha exhortado al país a juzgar a los presuntos autores y a indemnizar a las víctimas con una suma simbólica. También ha requerido que Egipto erradique esta práctica y reforme su código de procedimientos penitenciarios militares para incluir garantías estrictas.
Esta decisión es especialmente trascendental en el contexto africano, ya que se trata del primer caso en el que la CADHP analiza esta práctica. Ambas organizaciones celebran esta decisión y consideran que establece un precedente importante para la protección de los derechos humanos en África.
Samira Mahmoud y Rasha Abdelrahman fueron detenidas separadamente por soldados cerca de la plaza Tahrir en El Cairo, tras haber participado en una sentada pacífica para exigir una nueva Constitución y la destitución del primer ministro. Fueron sometidas a exámenes genitales forzados y llamadas "putas" repetidamente.
Alejandra Vicente, directora jurídica de REDRESS, considera que esta decisión es "muy trascendental porque establece claramente que el test forzado de virginidad es una violación sexual y una forma de tortura". La organización también destaca que esta práctica refuerza los estereotipos de desigualdad de género.
Lobna Darwish, directora del programa de derechos de la mujer y de género de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, valora esta decisión como "muy positiva" porque establece un precedente importante en el contexto africano. También destaca que esta decisión le devolvió a las denunciantes el derecho a plantear de nuevo su caso y a saber que siempre tuvieron razón.
La Comisión Africana ha recomendado que Egipto juzgue a los presuntos autores de estos hechos y que adopte reformas para erradicar esta práctica. También ha instado al país a otorgar jurisdicción exclusiva al circuito legal civil para investigar y juzgar denuncias de violaciones cometidas por personal militar contra civiles.
En general, esta decisión es un paso importante hacia la protección de los derechos humanos en Egipto y en el continente africano.